Ya de chico me enseñaron que cuando iba al almacén a hacer un mandado y después de pagar, sobraba plata, no podía comprarme caramelos, ni figuritas, ni nada: tenía que llevarle el vuelto a mi madre.
Muchos años después, siendo abogado, vi lo que les pasa a quienes reciben dinero de otros para un fin determinado, pero lo usan en provecho propio: los procesan por apropiación indebida.
Estos recuerdos me vinieron a la mente al enterarme de los planteos de algunos dirigentes oficialistas, que pretenden que el Estado no devuelva a los contribuyentes, los aportes al Fonasa que hayan excedido el «costo promedio equivalente» de los servicios de salud determinado por el Poder Ejecutivo.
El ministro Astori dijo y reiteró, en las últimas semanas, que esa idea había sido descartada por el gobierno y que la devolución de lo aportado en exceso se cumpliría como manda la ley. Pero los hechos de estos días han demostrado una vez más que Astori pierde en la interna del Frente Amplio y que sus derrotas inciden luego en la determinación de la acción de gobierno. En contra de lo planteado por Astori en nombre del Poder Ejecutivo, el aumento del IRPF que es el núcleo del ajuste fiscal en proceso, no alcanzará a los ingresos menores de 50 mil pesos. Esta modificación de la propuesta inicial del gobierno, resuelta por Vázquez a instancias del Frente Amplio, reduciría en unos 60 millones de dólares la recaudación adicional prevista por el Ministerio de Economía y Finanzas, que en total sumaba unos 500 millones de dólares. De algún lado tienen que salir esos 60 millones que van a faltar. Subirán ciertamente las tasas del IRPF correspondientes a las franjas de ingresos superiores, pero posiblemente eso no sea suficiente.
El presidente ya dijo que no se quiere aumentar los impuestos al capital, para no desalentar la indispensable inversión privada. Es en este marco de estrecheces y restricciones que en el Frente Amplio renace y se agita la idea, nunca definitivamente descartada, de echar mano al dinero que los contribuyentes le pagaron demás al Fonasa. La tentación debe ser grande: son decenas de millones de dólares que ya fueron recaudados y están guardados en las arcas públicas, como esperando que alguien se acuerde de ellos para financiar gastos solidarios y progresistas…
La dificultad está en que la devolución de los aportes excedentarios está dispuesta por la ley; concretamente, por el artículo 70 de la Ley 18.211, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley 18.731. Esa norma responde a un doble imperativo de racionalidad y decencia. La razón dice que si los aportes al Fonasa se pagan para financiar los servicios de salud, su monto no debe superar el costo de esos servicios; y la decencia ordena que lo que se haya cobrado demás, se devuelva.
La devolución de los excedentes nunca es, en rigor, completa. El Fonasa dispone del dinero de los contribuyentes durante un año, pero cuando reintegra lo que cobró demás no paga intereses. Como lo sabe cualquier deudor del Estado, no pasa lo mismo cuando la situación se da al revés: los intereses, multas y recargos se acumulan abrumadoramente sobre morosos e incumplidores.
El Estado no devuelve nada, pues, por generosidad ni por imprevisión: devuelve, simplemente, lo que cobró demás, porque es lo que corresponde y porque lo manda la ley. Los contribuyentes tienen un derecho adquirido a percibir ese reintegro: el derecho que la ley les dio. Si el gobierno decidiera ahora, nueva ley mediante, no hacer efectiva esa devolución, estaría lesionando derechos adquiridos y apropiándose indebidamente de dineros ajenos. Por supuesto que eso se traduciría rápidamente en juicios contra el Estado que este sin duda perdería, teniendo que pagar no solo la sumas originariamente adeudadas sino, además, reajuste e intereses.
El fondo de la cuestión, sin embargo, no es económico ni financiero, sino ético: los gobernantes cometerían una inmoralidad si se quedaran con dinero ajeno. No importa que no lo vayan a emplear en beneficio personal; aun el disponer de él para fines de interés público implicaría violar el derecho de quien pagó su aporte para solventar la atención de su salud, a que le devuelvan lo que pagó demás. Proceder de esa manera, rapaz y desleal, sería atentar directa y brutalmente contra la confianza que debe tener el ciudadano en el Estado, que es el cimiento mismo de la república.
Columna publicada en Montevideo Portal.