El Frente Amplio anuncia que se propone reformar la Constitución. No se trataría de una o dos enmiendas puntuales, sino de una reforma global que abarcaría varios temas: estructura del Poder Legislativo (una o dos cámaras), voto consular, calendario electoral, derecho de propiedad, Poder Judicial y muchos otros.
La fuerza política de gobierno no decidió todavía qué procedimiento habrá de emplear para impulsar la reforma. Algunos grupos son partidarios de elegir para la tarea una Convención Nacional Constituyente de 260 miembros (artículo 331, literal C de la Constitución); otros sectores estiman que lo más conveniente sería la iniciativa popular (artículo 331, literal A). En cualquier caso, el acto final de la reforma es un plebiscito en el que la ciudadanía decide acerca de las propuestas que por cualquier vía se le formulen.
El Frente no necesita una reforma constitucional para gobernar, ni para ejecutar su programa. Así lo han reconocido caracterizados dirigentes de la coalición. Con mayoría propia en ambas Cámaras del Parlamento y fuerte disciplina de voto en su bancada legislativa, el gobierno que preside el Dr. Vázquez tiene los instrumentos que necesita para abocarse a resolver los problemas del país. Ni la educación, ni la inseguridad, ni la inflación ni la desaceleración de la economía esperan por modificaciones constitucionales.
Sin embargo, se insiste con la idea de la reforma y como contenidos de ella se mencionan temas que generan preocupación. Los temas electorales, por ejemplo. Se sabe que para legislar en esa materia, tan delicada, se requiere dos tercios de votos en cada cámara. A través de un plebiscito constitucional, una mayoría simple de votantes podría sancionar los cambios -el voto desde el exterior, digamos- que en el Parlamento requieren una mayoría especial.
El Frente también dice que quiere reformar el Poder Judicial, ese que según un estudio reciente es el más independiente de las Américas, después del de Canadá. Por tener el gobierno mayoría propia en el Parlamento, el único freno a su voluntad está en la Suprema Corte de Justicia, que puede declarar inconstitucionales las leyes. Esto mismo es lo que se dice que se quiere modificar. La intención causa alarma. No cabe esperar respeto por la independencia del Poder Judicial, ni mucho menos fortalecimiento de ella, cuando los que dicen que quieren dictar normas sobre el tema son los mismos que ayer aplaudían a los Kirchner, hoy aplauden a Maduro y hace tres años, ante una sentencia adversa, amagaron con promover el juicio político de los ministros de la Corte.
Sobran los motivos, pues, para estar alerta.
Seguiremos el tema con la atención que merece.