El “informe extraordinario” presentado el jueves 30 por el Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario, Dr. Juan Miguel Petit, a la respectiva Comisión Especial de la Asamblea General, es, más que un llamado de atención, una sirena de alarma sonando a todo volumen en la madrugada.
Quien quiera leer el informe, puede hacerlo a través del siguiente link.
Las condiciones de reclusión para la generalidad de los presos nunca fueron buenas en el Uruguay. En algunos períodos y lugares fueron menos malas que en otros, es cierto. Pero en una apreciación global, no puede haber dudas acerca de que el sistema carcelario es una de las manchas que ensucian la imagen que el país quisiera tener de sí mismo en materia de respeto por los derechos humanos.
Si es cierto que la situación carcelaria nunca fue buena, también lo es que ha empeorado dramáticamente en los últimos años. La razón fundamental del deterioro es clara: donde antes había 2.500 o 3.000 reclusos, hoy hay 11.000. Las cárceles están saturadas; los funcionarios que las atienden no dan abasto. El hacinamiento y las carencias de todo tipo son la regla. Las consecuencias de todo esto no pueden ser buenas; en realidad, son terribles.
No desconozco, ni le quito valor, a los esfuerzos que el Ministerio del Interior ha venido haciendo para construir más cárceles y disminuir así el grado de hacinamiento; han nombrado también a más funcionarios penitenciarios; se ha creado el Instituto Nacional de Rehabilitación. Todo eso está muy bien, pero dista mucho de ser suficiente.
El “informe extraordinario” de Petit está referido específicamente a los módulos 8, 10 y 11 del Comcar, donde se encuentran casi 2000 reclusos. Sin tremendismos, con la ponderación que caracteriza a su autor, el informe señala hechos de evidente gravedad.
El nivel de hacinamiento es muy alto y supera ampliamente el promedio del Comcar, que es de 133 (donde hay espacio para 100 reclusos, se alojan 133). Los reclusos, hacinados en sus celdas, salen al patio media hora por semana; algunos, sancionados, pasan semanas y meses sin salir.
Sólo el 6,8% trabaja, y la gran mayoría de ellos lo hace en tareas de mera “fajina” (limpieza, etc.); es decir, no están aprendiendo o ejercitando destrezas que puedan servirles para conseguir trabajo cuando salgan. El mismo porcentaje es el de los reclusos que estudian; son más los que piden para hacerlo, pero para ello habría que trasladarlos desde sus módulos al edificio donde se imparten las clases, y suele no haber personal disponible para la tarea.
La asistencia médica está restringida. Se suspendió la actividad de las policlínicas existentes en los módulos 10 y 11 debido al clima tenso que allí existe. Los presos reclaman atención, especialmente por problemas de salud mental, adicciones y depresión, pero dadas las carencias de personal, el acceso a los servicios médicos es ardua empresa.
Petit señala que es muy difícil gestionar establecimientos de tan numerosa población reclusa. Se hace imposible el trato individual y hasta las sanciones disciplinarias son colectivas; para todos los ocupantes de una celda o de una “planchada”, por ejemplo. Las sanciones pueden consistir en la privación de visitas y paquetes (los paquetes con alimentos, ropa y otros enseres que los familiares llevan a los presos), y suelen durar hasta 90 días; además del impacto afectivo que puede tener la privación de visitas, hay que tener en cuenta que con ellas se corta el suministro de elementos que el establecimiento no provee, como los de higiene personal por ejemplo.
Los componentes que hemos ido señalando (y otros que menciona el informe del Comisionado Parlamentario y no podemos resumir aquí) crean un clima de tensión, fricciones y violencia latente que esporádicamente estalla. Desde enero hasta fines de junio hubo 55 hechos de sangre, de los que resultaron cinco muertos y decenas de heridos. Cinco muertos, en seis meses, en una población de menos de 2000 reclusos; Petit observa que, en una ciudad, esas cifras corresponderían a una tasa de 295 homicidios cada 100.000 habitantes. En el Uruguay convulsionado de estos tiempos, donde los homicidios fueron 289 en el 2015, la tasa es de 8,3 cada 100.000 habitantes. Los módulos 8, 10 y 11 del Comcar son, por lejos, los lugares más peligrosos del país.
El Estado tiene, ante todo, el deber de dar seguridad a las personas a las que priva de su libertad. Estas no pueden huir de quienes los ataquen, ni armarse para defenderse, porque están presas. Es evidente que la misma autoridad que las puso presas las tiene que proteger, y eso no está sucediendo hoy en el Comcar.
Y no hay que olvidarse de que los presos, algún día, recuperarán su libertad y volverán a andar por la calle. ¿Cómo saldrán, después de haber pasado meses o años en las condiciones que describe el informe del Comisionado Parlamentario? ¿Es razonable esperar la rehabilitación de estas personas? No por casualidad, el porcentaje de reincidencia es del 60%; lo que sorprende es que no sea mayor aún.
“Cosecharás tu siembra”, se ha dicho. Seamos conscientes de que nuestro sistema carcelario siembra desesperación, angustia y rencor. Amargos serán los frutos de tales semillas.
Columna publicada en Montevideo Portal.