Un malón de hinchas de Peñarol forzó ayer la entrada al estadio Campeón del Siglo, para ver a su equipo contra el Deportivo La Coruña. En la arremetida, lastimaron a un funcionario de Peñarol que intentó detenerlos.
¿Hubiese sido suficiente la existencia de cámaras de seguridad para disuadir a los violentos? No lo creemos así; las consideraciones racionales acerca de las probables consecuencias de sus acciones no suelen detener a las turbas enardecidas, que en casos como el que comentamos suelen actuar además bajo los efectos del alcohol u otras sustancias no menos dañinas.
Lo que hubiese podido frenar a los energúmenos que invadieron la tribuna Cataldi, era la fuerza pública; esa, la que brilló por su ausencia.
El Ministerio del Interior se ha empecinado en no cumplir su misión constitucional de mantener la tranquilidad y el orden público, mientras la AUF no instale en los estadios las cámaras de seguridad que hace años se le vienen reclamando.
No vamos a defender a la AUF, ni a los clubes que la integran; es muy claro que, en materia de lucha contra la violencia en el fútbol, es muy poco lo que han hecho.
Pero las omisiones e incumplimientos de la AUF y los clubes no exoneran al Poder Ejecutivo de su primer deber, que es mantener el orden y velar por la tranquilidad pública. Este es un cometido esencial del Estado, cuyo cumplimiento es irrenunciable.
Las miles o decenas de miles de personas que asisten a los espectáculos deportivos no pueden quedar a merced de pequeños grupos de delincuentes o desquiciados, capaces no solo de desnaturalizar y estropear lo que debe ser un pacífico entretenimiento, sino hasta de convertirlo en tragedia.
Por su deliberada y anunciada omisión en el cumplimiento de sus deberes, el Ministro del Interior será el responsable de cualquier desgracia que en la materia de referencia haya que lamentar.