Últimamente, nada altera el cuadro de desventura en el que vivimos los uruguayos, que no sea para empeorarlo.
Una sucesión inacabable de malas nuevas, se añaden día a día, al borrascoso panorama; y el desencanto entre la gente, ha cobrado tal dimensión, que las voces disidentes -sin convertirse en una grita generalizada- porque la ponderación que nos caracteriza como nación no la habría originado, son sí, audibles en todos los rincones del país.
Éste es el momento, en que la oposición al gobierno, debería saber percibir el rumbo que comienza a tomar la opinión de la gente. De repente, empiezan a insinuarse en la población, incipientes valores de cohesión y de solidaridad, que tímidamente parecen trascender las fronteras partidarias.
Pensamos que ha llegado la hora, de decir con energía y con vehemencia todo lo que se debe decir. Incluso hablar con claridad -y con la entonación que corresponde cuando de corrupción y de impericia administrativa se trate- evitando eufemismos que sólo confunden a los que oyen.
Atenuar el énfasis. Querer aplacar la indignación de la gente -por temor a que se vea la actitud crítica, como un empeño mezquino en procura de rédito político- sería un inexcusable error de apreciación. Los hechos son demasiado evidentes. La ciudadanía ahora, espera que se le empiece a hablar claro, que se deje de menospreciar su inteligencia.
Aquella sentencia popular tan frecuente, en el lenguaje cotidiano de los últimos años: son todos iguales. Esgrimida más que nada, para pretender justificarse, por haberlos votado. Comienza a ser sustituida por otra, que con igual elocuencia se impone ahora: estos son peores.
Nada era cierto, nada se cumplió.
Ocurre que aquellas loas cantadas, hace casi medio siglo, para anunciar la buena nueva, ha nacido una esperanza. se han convertido en un enorme fiasco.
Nada era cierto. Nada se cumplió, ni está en vías de cumplirse.
De haber sido la gran ilusión, pasó a ser el mayor engaño conocido.
Si los progresistas llegaron para salvar a los pobres de las garras de la marginalidad, no lo consiguieron ni por asomo: la exclusión, al contrario de lo que dice la gran propaganda, es pavorosa.
El país creció, a partir de las políticas de los gobiernos que los antecedieron y que en parte ellos mantuvieron, pero los recursos del desarrollo destinados para los más débiles, fueron escasos y mal distribuidos.
Se favoreció sí, con excesiva benevolencia, el surgimiento de un sector acomodado de la población -vinculado al poder de pequeñas y grandes corporaciones- a costa, básicamente del pueblo trabajador, que paga hoy mayores impuestos, cada vez más regresivos.
Al pan, pan y al vino, vino.
En este estado de cosas, un día sí y otro también, conocemos nuevas revelaciones en torno a la trama de los negocios de Ancap, que como una mancha de aceite se expande y cada vez se aproxima más a la posición del actual vicepresidente.
Ciertamente no es de recibo la invitación a que callemos, porque el político, de vuelta aludido, está reservado en la manga del progresismo, para ser el candidato presidencial en las próximas elecciones.
El sonado caso del contador del ente petrolero, que hace cuatro años denunció graves irregularidades en el pago de las compras del organismo -en primera instancia a tres gerentes de la empresa y por último al directorio, presidido en aquel entonces, por el ahora vicepresidente de la República- que fue de inmediato separado del cargo y sometido a sumario; por ser un tipo complicado, según las propias palabras del polémico líder progresista en declaraciones al semanario Brecha; ha vuelto de repente al tapete de la agenda, al tomar estado público el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto al tema.
Expresa la sentencia del TCA, con el voto unánime de sus cinco miembros, que, surge claramente que no sólo no fueron investigados los hechos denunciados, sino que se buscó separar al actor para de algún modo “callarlo”. Dice además el máximo órgano jurisdiccional administrativo del país, que el actual vicepresidente, incurrió en falacia al descalificar en los medios al funcionario que lo había denunciado.
¿No es este quizá, el caso de un jerarca público que omitió o rehusó… ejecutar un acto impuesto por los deberes de su cargo, y que con abuso de su cargo… ordenó un acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de particulares?
¿No son estos, o algunos de estos actos, violatorios de los preceptos del Código Penal?
¿No correspondería de cara al contundente fallo del Tribunal, que el fiscal subrogante de la causa presentada por el funcionario damnificado, entienda que debe volver a abrirla?
Con certeza, es la Justicia quien habrá de hacer oír su voz; en este caso, como en el que ocupa a la jueza de Crimen Organizado Beatríz Larrieu, la que acaba de anunciar a los medios, su decisión de unificar las denuncias de los partidos de oposición en un solo expediente, para lograr de esta manera un mejor diligenciamiento.
El contralor parlamentario y la acción de la Justicia.
La responsabilidad política de los gobernantes, es sin duda, un tema que atañe a la oposición, dada su función de contralor; y es precisamente en el ámbito legislativo donde debe hacerse efectiva.
La mayoría ostentada por el progresismo en ambas cámaras y su proceder dominante, practicado hasta el abuso -sin anular la capacidad de coerción del Poder (Legislativo) de hacer cumplir sus mandatos imperativos- impide sí, a las bancadas de oposición, cumplir con uno de sus principales cometidos constitucionales (el de control), lesionando gravemente el sistema de frenos y contrapesos de los poderes del estado.
De otra manera, no sería admisible de buenas a primeras, el pase a la justicia de hechos que -en principio- suponen responsabilidad política. No es la judicialización de la política, el proceder idóneo para zanjar las encrucijadas de la vida pública. Delegar cometidos esenciales es también un modo de acometer la separación de los poderes.
No obstante, dadas las condiciones actuales, es necesario que el Poder Judicial no se detenga hasta desnudar completamente, el que parece ser un aceitado mecanismo de corrupción -tiempo habrá para que el veredicto inapelable de la ciudadanía, ponga –políticamente- las cosas en su sitio.
Sólo así será posible, comenzar a recuperar nuestros más puros sentimientos de confianza, también en la Justicia.