El gobierno y el Frente Amplio emitieron sendas declaraciones acerca de la destitución de Dilma Rousseff por el Senado brasileño. Las dos declaraciones son distintas, pero las dos están equivocadas.
La declaración del Frente Amplio se afilia a la tesis de los países «bolivarianos» -la Nicaragua de Ortega, la Cuba de los Castro, la Venezuela de Maduro, el Ecuador de Correa y la Bolivia de Morales- y proclama que hubo golpe de estado en Brasil. En el mismo sentido se pronunció Cristina Kirchner.
La tesis del golpe es, a mi juicio, insostenible. Rousseff fue destituida por causa, procedimiento y mayorías especiales establecidos por la Constitución brasileña. Se le imputó un «crimen de responsabilidad», consistente en la violación de normas presupuestarias (artículos 85, numeral VI, y 167 de la Constitución brasileña); fue acusada por la Cámara de Diputados y juzgada y condenada por el Senado (artículos 86 y 52), en ambos casos por más de los dos tercios de votos requeridos por la Constitución. Cuando el proceso estaba radicado todavía en la Cámara de Diputados Rousseff intentó detenerlo mediante una acción judicial entablada ante el Supremo Tribunal Federal, que la rechazó; vale la pena señalar que el STF tiene once miembros, de los cuales ocho fueron designados durante los gobiernos del PT.
Es absurdo decir que los hechos que se le imputaron a Rousseff no están probados; tratándose de actos de administración de los recursos del Estado, la prueba surge de la documentación pública que registra tales actos. Lo discutible no son los hechos, sino si ellos tienen entidad suficiente como para justificar la destitución de la presidente. Este es el punto neurálgico de la cuestión, y la Constitución brasileña lo deja librado a la apreciación discrecional de un órgano político como el Congreso.
Durante los dos mandatos de Lula y el primero de Rousseff, el PT logró armar coaliciones parlamentarias que permitieron el funcionamiento del gobierno. Durante el segundo mandato de Rousseff, la coalición se formó en su contra y la presidente no pudo impedirlo. Incidieron seguramente la recesión económica y el malestar social consiguiente, así como la operación «Lava Jato» y el miedo que generó en las elites políticas y empresariales brasileñas. El estilo personal de Rousseff, según parece, tampoco ayudó a mejorar sus relaciones con los legisladores. Lo cierto es que al final se formó «la tormenta perfecta» y el desenlace fue la destitución de la presidente. Final dramático, sin duda, pero no reñido con la Constitución de Brasil.
El episodio, además, tiene antecedentes bien conocidos. El presidente Collor de Mello optó por renunciar cuando su destitución era inminente; se le imputaban actos de corrupción, pero después de dejar su cargo lo juzgó el Supremo Tribunal Federal y resultó absuelto. Luego el «impeachment» se intentó también contra Itamar Franco (sucesor de Collor) y contra Fernando Henrique Cardoso (sucesor de Franco), sin éxito. Por las redes sociales circulan estos días fotos en las que aparecen juntos y sonrientes Lula y Michel Temer (sí, el nuevo presidente), cuando eran aliados y promovían el juicio político contra Cardoso. Con estos antecedentes, el que el PT cuestione ahora la legitimidad democrática del «impeachment» es un alarde de cinismo político.
El PT de Lula y Dilma y el PMDB de Temer fueron socios hasta hace muy poco tiempo. Por eso Temer acompañó en la fórmula presidencial a Dilma; y conste que el PMDB aportó más votos que el PT al triunfo de la fórmula, teniendo además una mayor bancada en el Congreso (18 senadores contra 11 del PT; 65 diputados contra 59 del PT).
El PT y el PMDB también compartieron desgracias, no solo éxitos: los casos de corrupción investigados por la Justicia involucran a dirigentes importantes de ambos partidos, así como a poderosos empresarios, algunos de los cuales ya fueron juzgados y condenados.
Son falsos, pues, los planteos políticos que pretenden presentar los hechos ocurridos en Brasil como una suerte de conspiración de los malos y corruptos contra los buenos y honestos. Los adversarios de hoy fueron socios hasta ayer; votaron juntos, formaron gobierno juntos y conjuntamente aparecen involucrados en hechos de corrupción gravísimos.
Por todas estas consideraciones, la tesis del golpe de estado es solo una patraña, que pretende disimular un gran fracaso ético y político. El PT y Lula terminaron metidos hasta el cuello en el barro de la corrupción que durante tanto tiempo combatieron; y aunque a Rousseff no se le impute nada en ese plano, es evidente que cuando integró el gabinete de Lula y presidió el Consejo de Administración de Petrobras, hizo la vista gorda, probablemente para no perjudicar la chance de la candidatura que finalmente obtuvo.
Hizo bien el gobierno uruguayo, por lo tanto, al tomar distancia de «la fuerza política» y no suscribir la tesis del «golpe parlamentario». Lamentablemente, empero, se permitió llamar «profunda injusticia» a la destitución de Russeff, incurriendo así en una clara intromisión en los asuntos internos de Brasil. No había pasado un mes, desde que el canciller Nin tuvo que pedirle disculpas a su homólogo brasileño Serra, por aquello de que había venido a «comprar» el voto de Uruguay en el Mercosur. Cuesta creer que estas «gaffes» en reiteración real le vayan a salir gratis a Uruguay.
Concluido este penoso episodio, comenzado a fines del año pasado, hay que esperar que Brasil recobre la estabilidad política y continúe el proceso de recuperación económica que ya parece haber iniciado. Si así sucede, a todos nos va a hacer bien.
Columna publicada en Montevideo Portal.