En lo que va del año suman 31 los reclusos asesinados en las cárceles; otros 70 resultaron heridos.
La semana pasada, fueron tres los presos que murieron en Comcar, Las Rosas y Cárcel Central.
Tras los últimos hechos de sangre, el fiscal penal Dr. Gustavo Zubía anunció que llamará a declarar a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Ministerio del Interior con el fin de deslindar responsabilidades.
Parece atinada y oportuna la medida indicada. El Estado tiene el deber de velar por la seguridad y la integridad física de las personas a las que ha privado de su libertad y puesto bajo su custodia. Ese deber es jurídico, no solamente moral, y su incumplimiento tiene que ser sancionado.
Quizás si las cosas se encaran de esta manera, es decir, llamando a responsabilidad a las autoridades competentes, estas reaccionen de manera eficaz. La responsabilidad política del ministro Bonomi hace rato que está comprometida; pero la mayoría oficialista en el Parlamento lo protege, haga lo que haga y pase lo que pase. Si la cuestión se traslada a los estrados judiciales, es posible que el resultado sea otro.
No se trata de buscar un chivo expiatorio para echarle encima, arbitrariamente, el peso jurídico y moral de situaciones trágicas. Hay una evidente omisión en el ejercicio de la autoridad pública en las cárceles. Se sabe que cuando cae la noche en el Comcar, por ejemplo, la guardia se reduce al mínimo, se recluye para ponerse a salvo de cualquier contingencia, y los reclusos se enseñorean de patios y corredores donde solo rige la ley de la selva. En estos escenarios de horror se producen los ajustes de cuentas, las peleas, las “vendettas”; los resultados son los 31 muertos y 70 heridos.
Es inaceptable la excusa de la falta de personal para mantener el orden en los establecimientos de reclusión. En los diez años previos al comienzo de este gobierno, el Frente Amplio hizo entrar a decenas de miles de nuevos funcionarios al Estado; al Ministerio del Interior, en particular, se le dio todo lo que pidió.
La protección de la vida humana debe ser siempre una prioridad para el Estado uruguayo. Es preciso que el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministerio del Interior coordinen sus esfuerzos para restablecer el orden en las cárceles del país. Y si se incurre en omisión en el incumplimiento de este deber elemental, está bien que la Justicia actúe y sancione a los omisos.