24 febrero, 2024

Sobre el acuerdo de paz que los colombianos rechazaron

Parecía una fija que el domingo ganaba el Sí y que los colombianos aprobarían el acuerdo de paz negociado por el gobierno del presidente Santos y las FARC. Las encuestas así lo anunciaban y la comunidad internacional se había apresurado a dar su apoyo al acuerdo. Ban Ki Moon, el Secretario General de las Naciones Unidas; John Kerry, el Secretario de Estado norteamericano; Raúl Castro, el presidente del gobierno cubano, Mauricio Macri de Argentina y Nicolás Maduro de Venezuela, entre otros, se dieron cita en Cartagena para expresar su respaldo al acuerdo que suscribieron el presidente Santos y “Timochenko”, el jefe de las FARC. Desde Roma, el Papa Francisco envió su bendición. Pero los colombianos dijeron no, y habrá que volver a empezar.

Quienes pretenden explicar el rechazo de la ciudadanía a un entendimiento que ponía fin a un conflicto de más de cincuenta años y que ha costado centenares de miles de víctimas entre muertos y desaparecidos, hacen hincapié en que se les hacían demasiadas concesiones a las FARC. La principal era que nadie que confesara oportunamente sus delitos, iría preso. El acuerdo establecía que quien tempranamente aportara información completa y detallada sobre hechos delictivos en los que hubiera participado, admitiendo su responsabilidad en los mismos, solo recibiría sanciones con una duración máxima de ocho años, que no implicarían cárcel ni medidas asegurativas equivalentes. ¿Qué sanciones serían esas? Pues colaborar en la ejecución de obras de infraestructura (construir caminos, por ejemplo), ayudar a cuidar el medio ambiente, ejecutar programas de eliminación de residuos, etc. Se establecía que esas sanciones no impedirían que el condenado fuera candidato a cargos electivos y los ocupara en su caso.

Estamos en las antípodas, pues, del “juicio y castigo” como criterio de justicia transicional, salvo que se diga que ir a pintar una escuela o a barrer el patio de un hospital pueda ser considerado “castigo”, para quien haya cometido crímenes de lesa humanidad. Más allá de consignas y frases huecas, es evidente que se buscó una solución política de gran amplitud y generosidad para terminar con el conflicto. El gobierno colombiano estuvo dispuesto a dar el paso, y la comunidad internacional lo aceptó.

Llama la atención, entonces, que desde Uruguay los dirigentes del Frente Amplio se hayan manifestado entusiastas partidarios del acuerdo. Ellos, que como dijo el finado Fernández Huidobro “se pasaron por las partes” los dos pronunciamientos populares que confirmaron la Ley de Caducidad, apoyaron un pacto que procuraba garantizar que los autores de crímenes de lesa humanidad no estuvieran presos ni un solo día.

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