A Maduro y a sus secuaces, finalmente, se les cayó la careta: fue arbitrariamente suspendido el proceso que habría de concluir en el referéndum revocatorio del mandato presidencial, lo que constituye una evidente ruptura institucional que ya nadie de buena fe puede desconocer.
Mientras el gobierno uruguayo ha manifestado su “preocupación”, junto a otros gobiernos de la región, por lo que está sucediendo en la tierra de Bolívar, el Frente Amplio no se ha expresado orgánicamente todavía. Sin embargo, el Nuevo Espacio (sector frenteamplista que conduce el senador Rafael Michelini) sí lo ha hecho, censurando claramente la decisión de cerrarle el camino de las urnas al pueblo venezolano.
En estas circunstancias, el diputado herrerista Jaime Trobo anunció que formalizará hoy el pedido de que en la Cámara de Representantes se forme una Comisión Investigadora para examinar los negocios celebrados en los últimos años entre Uruguay y Venezuela. Trobo quiere saber cómo es que algunos intermediarios privados, presuntamente allegados al MPP y a sus organizaciones satélite (como el Fondo Raúl Sendic) , parecen tener el monopolio de la conexión entre el gobierno venezolano y las empresas uruguayas que exportan con destino a ese mercado.
Hay que suponer que quienes llaman a las cosas por su nombre cuando hablan de la situación política en Venezuela, no vacilarán en votar a favor de la constitución de la Comisión Investigadora que propone el diputado Trobo. Un régimen autoritario que viola la Constitución para impedir que su pueblo vote, no merece que se oculten las irregularidades que pueda haber cometido. Y el gobierno uruguayo ha de ser, suponemos, el primer interesado en hacer transparente lo que hasta hoy es muy opaco y genera suspicacias.
El Nuevo Espacio, pues, ha asumido una gran responsabilidad.
Ahora no puede echarse atrás.