16 octubre, 2019

Aire fresco, negocios turbios

Por Ope Pasquet

En los últimos días diversos sucesos capturaron la atención de la opinión pública: la muerte de Jorge Batlle, el anuncio de un TLC con China, los tiros en la Amsterdam y la interpelación a Bonomi. Quizás por eso no recibió todavía toda la consideración que merece, la iniciativa del diputado Jaime Trobo tendiente a constituir, en la Cámara de Representantes, una Comisión Investigadora de los negocios con Venezuela.

El planteamiento de Trobo se refiere a temas distintos, aunque vinculados entre sí: el Fondo Bolívar-Artigas, el Fondes, y la selección discrecional, por el gobierno uruguayo, de empresas privadas de nuestro país para actuar como contrapartes de las entidades públicas venezolanas que importarían bienes y servicios uruguayos en el marco de los acuerdos celebrados entre Venezuela y Uruguay.

Para no extenderme demasiado, me referiré solo a lo atinente a esas empresas privadas a las que se otorgó, graciosamente, la lucrativa condición de intermediarias entre los importadores venezolanos y los exportadores uruguayos, o de proveedoras directas de aquéllos, en negocios de muchos millones de dólares.

La historia empezó en Caracas, en el mes de abril del año 2010. Fue allí y entonces que los presidentes Chávez y Mujica firmaron una declaración conjunta y varios “acuerdos marco” tendientes a fomentar el intercambio comercial y la cooperación entre ambos países. Pocos meses después, en enero de 2011 y también en Caracas, un nuevo encuentro entre Mujica y Chávez fue la ocasión para que se firmaran otros trece acuerdos, avanzando por el camino abierto por los acuerdos del año anterior. Lo curioso es que, de esos trece acuerdos del año 2011, cuatro son firmados por entidades públicas venezolanas pero no por contrapartes uruguayas también públicas, sino por empresas privadas de nuestro país. Fue así que Aire Fresco S.A. firmó dos acuerdos comerciales: uno con la empresa estatal monopólica venezolana SUVINCA (Suministros Industriales Venezolanos CA), y otro con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. La empresa Atlansur S.A. hizo lo propio con la Corporación Venezolana de Alimentos. Por su parte, Urutransfor S.A. suscribió el acuerdo con la estatal y monopólica Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional SA). Los acuerdos tienen por objeto la exportación a Venezuela de bienes producidos en Uruguay (cereales, pollo, “insumos para el sector eléctrico”, etc.).

Las preguntas que surgen de lo anterior son obvias: ¿por qué fueron seleccionadas esas empresas uruguayas, y no otras? ¿Quién las seleccionó? ¿Por qué procedimiento, si es que hubo alguno? ¿Según qué criterios?

Abona la curiosidad el hecho de que, según afirma Trobo, la empresa Aire Fresco S.A. es propiedad de los Sres. Omar Alaniz y Carlos Decia, “notoriamente vinculados al MPP y al Fondo Raúl Sendic y, naturalmente, al entonces presidente de la República y a la estructura de gobierno”.

O sea: Aire Fresco S.A. es una empresa compañera, a la que Mujica sentó a la mesa con Chávez para que participara en los negocios incubados con el calor oficial.

No puede sorprender, entonces, que esa empresa haya donado dinero a la campaña electoral del MPP, como lo afirma el diputado denunciante con respaldo documental emanado de la Corte Electoral; de no haberlo hecho, sus dueños hubieran merecido que se les calificara de ingratos…

Se dice que todos estos hechos ya fueron denunciados tiempo atrás a la Justicia Penal, lo que es cierto, y que por lo tanto no tendría sentido formar una Investigadora parlamentaria, lo que es equivocado. La Justicia Penal investiga responsabilidades penales; el Parlamento investiga responsabilidades políticas. Puede haber responsabilidades políticas, aunque no las haya penales.

Si Mujica y su gobierno (con el canciller Almagro incluido) beneficiaron a una o varias empresas privadas por mera discrecionalidad, regalándoles una oportunidad de hacer negocios de millones de dólares que muchas otras empresas hubieran querido tener, pero no tuvieron, el pueblo tiene derecho a saberlo.

El Frente Amplio, que tanto criticó a los partidos tradicionales porque designaban funcionarios públicos a dedo y sin concurso, no puede fingir que no le da importancia al hecho de designar a dedo y sin concurso a algunas empresas para que se enriquezcan; especialmente, si esas empresas son después donantes que aportan a la campaña electoral de quien las favoreció.

Se dice también que faltan pruebas que respalden el planteamiento de Trobo. Pero las investigaciones se hacen, precisamente, para averiguar lo que se ignora, no para confirmar lo que ya se sabe. Corresponde pues que, a partir de los indicios conocidos, se trabaje para sacar a luz lo que falta conocer, y que en sustancia es todo el proceso de toma de decisiones que concluyó con la selección de Aire Fresco, Atlansur y Urutransfor para que fueran estas empresas, y no otras, las que hicieran negocios con Venezuela.

La prensa informa que la bancada oficialista decidió votar en contra de la formación de una Comisión Investigadora.

Por algo será. La decisión de la mayoría es tan contraria al más elemental sentido de la decencia pública, que el diputado Gonzalo Mujica ya dijo que no la acompañará y otros legisladores frenteamplistas se reservaron la decisión sobre el asunto. Mientras todo esto no se aclare, los negocios con Venezuela seguirán siendo lo que son hasta hoy: negocios turbios.

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