Una estrofa de uno de los infinitos éxitos de Jaime Ross, dice “todo un país detrás”. Ese logro homérico solo lo alcanza, tal vez, la selección uruguaya de fútbol. En todo lo demás, afortunadamente, tenemos matices, discrepancias, francas oposiciones, en fin, toda la paleta de opiniones que prospera en libertad, se expresa en democracia y se garantiza en república. Por eso es casi de rigor que, tras las fricciones cuando no los mandobles que se propinan los candidatos en una campaña electoral, una vez conocidos los resultados, el ganador proclame a voz en cuello que gobernará para todos los ciudadanos, y no solo para aquella fracción que lo acompañó con su voto. Hasta Trump cumplió con ese rito. El asunto, claro, no es decirlo sino hacerlo, cumplir a rajatabla ese compromiso que ratifica y garantiza la integridad de la nación. Otra cosa es de barrabrava, de faccioso, de gorila que abusa de su ocasional poder. A veces se incurre en esos excesos por naturaleza; otras, por intoxicación. Este último sería el caso (otorguémosle el beneficio) de Tabaré Vázquez, contagiado por la epidemia que viene diezmando al Frente Amplio: intoxicación de poder, ilusión de impunidad, pretensión de infalibilidad, milenarismo puro. Solo así, abombado por las fiebres de esa plaga, se explica que haya decretado duelo oficial por la muerte de Fidel Castro. Está claro que el sátrapa caribeño es un ícono religioso para un montón de uruguayos, tanto como que al menos otro tanto lo aborrece por fundadísimas razones. El decreto de duelo, pues, ofende a estos últimos, y los aliena respecto a la institución que lo decretó, la presidencia de la república. O peor, aliena a la presidencia de la república de la mitad, siendo avaro, de los ciudadanos. Tabaré Vázquez está boleado, golpeado por sus errores y cercado por sus enemigos internos. Así, casi grogui, eligió el peor de los caminos. Esperemos por el bien de todos que el receso de fin de año le permita cambiar el aire, despejarse el magín y recobrar lucidez, porque todavía le faltan tres largos años de ejercicio de la presidencia, que debe ser para todos los uruguayos.