10 diciembre, 2018

Las empresas públicas, auxiliares de la DGI

Por Ope Pasquet

El reciente aumento de tarifas dispuesto por el Poder Ejecutivo puso de manifiesto, una vez más, que las empresas públicas funcionan en realidad como agencias recaudadoras de tributos disfrazados de precios.

En efecto: los aumentos no responden al aumento de los costos de dichas empresas, sino que los exceden, para que los excedentes vayan a parar al Erario y achiquen el déficit, o contribuyan a tapar los agujeros que dejaron el despilfarro y la mala administración.

En el caso de Ancap, el aumento en el precio de los combustibles ignora olímpicamente el hecho notorio de que el precio del barril del petróleo es desde hace tiempo muy inferior a los 100 dólares que le asigna la famosa paramétrica según la cual se determina aquel precio; ha estado en 70, 60 y 50 dólares el barril. Uruguay importa unos 12 millones de barriles por año. Ganándole 30, 40 o 50 dólares a cada barril, según el momento, el ente ha ganado fortunas, extraídas directamente de los bolsillos de los consumidores uruguayos.

Pagamos los combustibles más caros de la región porque Ancap necesita tapar el agujero que dejó la ruinosa gestión de Raúl Sendic al frente de su directorio. La empresa cerró el 2015 con pérdidas acumuladas del orden de los 800 millones de dólares, y deudas por 2000 millones en esa moneda. Por eso fue preciso recapitalizarla de apuro en los primeros días del corriente año; de lo contrario hubiese debido cerrar, por haber caído en cesación de pagos. Hasta hoy sigue dándose el lujo de perder decenas de millones de dólares cada año a través de la fabricación de cemento y de los subsidios a Alur. El resultado final para los uruguayos es que aunque el precio del petróleo baje, y aunque Ancap reduzca unilateralmente las bonificaciones que paga a los estacioneros, los consumidores seguimos pagando combustibles carísimos, ahora so pretexto del reajuste por inflación.

Por supuesto, todo esto se puede hacer por virtud de los monopolios de que goza Ancap. Si no fuera así, las empresas competidoras venderían combustibles más baratos, lo que impediría la expoliación de los consumidores. Pero tenemos monopolio, y sufrimos las consecuencias.

La Ute, por su parte, se pavonea diciendo que el aumento de sus tarifas será del 7,5%, es decir, inferior a la inflación. Sin embargo, los técnicos de la empresa habían dicho que el aumento necesario era del 5,5%, no del 7,5%. ¿Por qué? ¿Acaso los técnicos de Ute querían perjudicar a la empresa para la que trabajan, recomendando un aumento por debajo de la inflación del 2016? No, ciertamente. La clave está en que los costos de generación de energía bajaron significativamente, como consecuencia de los cambios en la matriz energética. Cuando el territorio nacional se cubrió de molinos generadores de energía eólica, el entonces director de Energía, Ing. Ramón Méndez, decía que eso permitiría que bajara la tarifa de Ute, salvo que -el mismo Méndez se apresuraba a abrir el paraguas- el Ministerio de Economía dispusiera otra cosa por razones ajenas a la propia Ute. Eso es lo que está pasando. Para achicar el déficit que dejó el gobierno de Mujica, que fue del 3,5% en el año electoral (el peor resultado fiscal desde la crisis del 2002), el gobierno actual quiere que Ute le transfiera centenares de millones de dólares en el curso de esos cinco años. La consecuencia directa de esa política es que, aunque la reducción de costos hubiese permitido que las tarifas subieran sólo el 5,5%, subirán el 7,5%.

Más claro, echarle agua: las empresas públicas, amparadas por sus monopolios, no fijan sus precios en función de sus costos de producción, sino para recaudar lo que haga falta.

Por supuesto, esto no empezó hoy; todos los gobiernos, desde 1985 por lo menos, han hecho lo mismo en mayor o menor medida, según las circunstancias. Para evitar el costo político resultante de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, se disimula la exacción bajo la forma de tarifas.

No es así como queremos que funcionen las empresas públicas; no será aumentando  discrecionalmente los costos del combustible y la energía que el país mejorará su competitividad, ni la población su bienestar. La idea, cuando a principios del siglo XX se crearon las empresas públicas, era que al no tener que generar ganancias para un empresario privado, podrían reinvertir permanentemente sus utilidades de manera de ofrecer bienes y servicios cada vez mejores y más baratos, para beneficio del pueblo y del desarrollo nacional. Cien años después, todos tenemos que reconocer que nos hemos alejado mucho de aquel designio originario.

Urge rectificar el rumbo.

 

Columna publicada en Montevideo Portal.

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