10 diciembre, 2018

El decreto del 20 de marzo

El pasado 20 de marzo el Poder Ejecutivo sancionó un decreto que en lo medular establece que “El Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”.

Aunque parezca mentira, la disposición citada ha generado fuertes críticas en el Frente Amplio y el PIT-CNT. Dirigentes del Partido Socialista, del Partido Comunista y de Casa Grande, así como conocidos líderes sindicales, arguyen que el decreto es autoritario y que amenaza el sagrado derecho a protestar. Puestos a desconfiar, los críticos insinúan que el gobierno quiere anticiparse a contener los reclamos que se produzcan cuando envíe al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, o que quiere enviarles a los finlandeses de UPM una clara señal de que, si deciden invertir en otra planta de celulosa, su inversión será valorada y defendida por las autoridades uruguayas.

Cualesquiera hayan sido los móviles del Poder Ejecutivo, a nosotros nos parece que el decreto es, en lo sustancial, correcto; lo único que cabría reprocharle es que viene a llover sobre mojado, porque otras normas legales y reglamentarias ya le daban a la Policía las facultades que la nueva norma le vuelve a dar. Pero la cuestión de fondo es muy clara: nadie tiene derecho a cortar la circulación de personas o vehículos por las calles, caminos o rutas del país, y si alguien lo hace, la Policía debe intervenir de inmediato para restablecer el orden, esto es, para restablecer las condiciones en las que todos los habitantes del país puedan ejercer normalmente su derecho a desplazarse libremente por las vías y espacios públicos, sin interferencias arbitrarias.

“El derecho de cada uno termina allí donde empieza el derecho de los demás”: esta máxima que nos inculcaron desde chicos sigue siendo válida. Se puede ejercer cabalmente la libertad de expresión -para protestar, para reclamar, para denunciar o para lo que fuere-, sin afectar el derecho de los demás a circular libremente por la calle. Cuando se coarta este último derecho por grupos organizados que actúan como si fueran los dueños de las calles y las rutas, lo que hay ya no es protesta, sino abuso y prepotencia de los menos sobre los más; el gobierno está obligado a poner freno a estos desbordes.

Años atrás, cuando en Argentina gobernaban los nefastos K, cotidianamente veíamos escenas del centro de Buenos Aires trancado por piqueteros que a puro “prepo” distorsionaban la vida de la gente con sus arbitrariedades; también nos tocó sufrirlas a nosotros con el corte de los puentes con Argentina, en protesta por la planta de UPM próxima a Fray Bentos.

No queremos que piqueteros locales hagan aquí lo mismo que se hizo durante tanto tiempo del otro lado del río, aunque luzcan la chapa del PIT-CNT. Comprendemos que lo lamenten los que admiran al kirchnerismo, pese a la estela de corrupción que dejó a su paso; pero estimamos que hizo bien el gobierno al reiterar que, en el Uruguay, no estamos dispuestos a admitir que la prepotencia se adueñe de las calles.

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