El diputado colorado Ope Pasquet (Batllismo Abierto) reclamó a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que inicie los procedimientos disciplinarios correspondientes a la fiscal de gobierno, quien en su dictamen sobre la compra del avión presidencial faltó el respeto a los integrantes del Tribunal de Cuentas.
Tras señalar que la ministra debe hacer cumplir el deber de respeto que debe tener cualquier funcionario público, Pasquet dijo creer que “ha habido, evidentemente, un exceso, un apartamiento del estilo debido por parte de la Fiscalía de Gobierno que, además, formula algunas apreciaciones que me resultan sorprendentes”, al tiempo que dejó en claro que de ninguna manera ello implicaba cuestionar el pronunciamiento técnico de la fiscal actuante.
Muñoz compareció el martes 17 ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, convocada por el diputado nacionalista Pablo Abdala, para considerar el dictamen de la Fiscalía de Gobierno de Primer Turno relativo al procedimiento licitatorio para la adquisición de una aeronave multipropósito.
Abdala había señalado que la fiscal actuante “incurrió en una serie de aseveraciones, de afirmaciones, de conceptualizaciones que yo no dudaría en catalogar de agravios y de injurias referidas al Tribunal de Cuentas de la República, desde el punto de vista institucional y, por añadidura y no solo por eso, sino también directamente , a los señores ministros que lo integran”.
Muñoz dijo que su cartera “respeta la independencia técnica de las Fiscalías de Gobierno” y precisó que no recibió “queja alguna -tampoco correspondería-, por parte del Tribunal de Cuentas”.
“Si nos involucráramos en un tema que no es estrictamente administrativo estaríamos violando la independencia técnica, cosa que no hemos hecho”, dijo. Y agregó “por lo tanto, este Poder del Estado debería legislar que nosotros actuemos en esa situación”.
A esto, Pasquet replicó que “no es necesario que nos aboquemos a dictar esas normas a las que hacía referencia la señora ministra porque ya existen; lo que hay que hacer es aplicarlas. Me refiero al Decreto Nº 30 del año 2003”, que entre los deberes que consagra “está el de tratar a los demás funcionarios públicos con respeto, algo tan elemental, sencillo e importante. El artículo 15 de ese Decreto establece: ‘El funcionario público debe respetar a los demás funcionarios y a las personas con quienes debe tratar en su desempeño funcional y evitar toda clase de desconsideración (art. 21 de la ley 17.060)’”.
“¿En este caso ha habido lenguaje obsceno o procaz? No, evidentemente, pero ha habido un lenguaje descomedido, agresivo, hasta impertinente, que fue juzgado de esa manera no por cualquier persona ni institución, sino nada menos que por los siete ministros del Tribunal de Cuentas de la República que, como todos sabemos, representan a todas la sensibilidades políticas El Tribunal de Cuentas de la República entendió que no se le ha tratado con el debido respeto, y yo comparto esa apreciación”, dijo y advirtió que no recordaba “otro episodio similar desde el año 1985 hasta ahora”.