23 octubre, 2018

Propiedad política

Por Miguel Manzi

Hace aproximadamente 12.000 años se verificó la revolución agrícola: el Homo sapiens, única especie humana superviviente tras la extinción de las otras especies del género “Homo”, abandonó su condición de cazador-recolector y se dedicó a la domesticación de plantas y animales para proveerse el sustento. A partir de entonces hay evidencias de los primeros asentamientos permanentes. Es razonable pensar que sea por esas mismas épocas cuando se afirmó la diferencia entre propiedad pública y propiedad privada (1). Aunque el camino fue escabroso y múltiples sus avatares, esas categorías han sobrevivido y sus conceptos cuentan con extendido acuerdo, tanto en sus versiones extremas como en sus numerosos matices intermedios. Grosso modo: “propiedad” es el derecho de poseer y disponer de algo; “pública” es cuando tal derecho lo ejerce el Estado en nombre de la sociedad; “privada” es cuando lo ejerce un particular. Ambas modalidades están matizadas por el interés general de un lado y por los derechos individuales del otro. Para salvaguardar y conciliar esos valores superiores, el ejercicio de ambas modalidades de propiedad está limitado por el sistema normativo correspondiente (constituciones, leyes, reglamentos, decretos, que otorgarán más o menos espacio al interés general o a los derechos individuales, según el régimen político de que se trate). Estas convenciones, larga y trabajosamente construidas por la especie a través de los milenios, se han visto enriquecidas de golpe y de repente por el gobierno del Frente Amplio del Uruguay, que consagró una nueva categoría hasta ahora inédita: la propiedad política.

El “leading case”

El concepto de “propiedad política” no resulta de la información genética de la especie, ni de una abstracción intelectual, ni de la milenaria acumulación de usos y costumbres, sino de una práctica de gobierno que combina la post-verdad con la pre-modernidad, cuyo caso estrella es el eje ANCAP-ALUR. Esta última (Alcoholes del Uruguay), empresa integrante del Grupo ANCAP, que pertenece a este en 91%, mientras que el 9% restante responde a Petróleos de Venezuela (PDVSA), fue creada en 2006, siendo presidente de ANCAP Daniel Martínez, presidente de la propia ALUR Raúl Sendic, y coordinador de la misma Leonardo De León. Toda una organización para repartir. Ojo, no estaban solos: los hechos que caracterizan a la “propiedad política” y que engrosan el expediente penal actualmente en curso, se desarrollaron bajo las presidencias de Tabaré Vázquez y de José Mujica, y el ministerio de economía vitalicio de Danilo Astori. Que sabían todo y son cómplices, o no sabían nada y son tontos. Ahora bien: ¿cómo se caracteriza la “propiedad política”? Así: el que dispone de la cosa, no lo hace en salvaguardia del interés general ni de los derechos individuales, ni obrando como lo haría el Estado o un particular, ni sometiéndose a las disposiciones de la constitución, las leyes, los reglamentos o los decretos. No señor: dispone a favor y en función de sus intereses políticos, desde posiciones de poder político, confiando en la impunidad que habría de proveerle el partido político, en cuanto actúa en su beneficio. ANCAP y su agujero de 900 millones para contribuir a la fama y la fortuna política del licenciado trucho, es el caso más abultado. Pero ALUR y su soborno a los cañeros con defraudación de aportes a la DGI incluida, es el caso más grosero.

Juicio y castigo

Siendo presidente de ALUR Raúl Sendic, se aumentaron un 50% los salarios a los trabajadores de la planta industrial. Los productores de caña a los que ALUR les compra su materia prima ofrecieron a los cañeros un 20% de aumento, que éstos no aceptaron y amenazaron con conflicto. Para “destrabar la situación”, autoridades de ALUR (Sendic y De León) y de ANCAP (Martínez) acordaron pagar “directamente” a los cañeros una partida extra, de aproximadamente U$S 400.000 por año. Esta partida figura en los balances de ALUR bajo el rubro “Otros”. Ni compensación salarial, ni donación, ni nada; otros. Repito: los cortadores de caña no son contratados por ALUR, sino por los productores que le venden a ALUR. ¿Cómo pagaba ALUR esa partida, entonces? Se la mandaba a través de REDPAGOS al sindicato (la mítica UTAA), que después lo repartía. ¿Entre quiénes lo repartía? No está claro: unas versiones dicen que solo entre los cortadores de caña (unos 1.500), otras dicen que también llevaban la suya los graperos y los cargadores (unos 1.000 más). Dicho por mentirosos y tramposos contumaces, no hay a quién creerle. Casi para terminar: téngase presente que este escándalo se hizo público por una investigación periodística; caso contrario, HUBIERAN SEGUIDO PAGANDO, tal y como lo venían haciendo hace 10 años; a vista y paciencia del actual presidente de ALUR, que al mismo tiempo es vicepresidente de ANCAP. ¿Quiere más? El ministro de trabajo, Murro, dijo que no era para tanto, porque la evasión al BPS (del que el mismo Murro fue presidente) era por poca plata. Surreal. Estos son los mismos que quieren eliminar el delito de abuso de funciones. Un verdadero abuso.

Columna publicada en Montevideo Portal.

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