25 octubre, 2021

Propiedad política

Por Miguel Manzi

Hace aproximadamente 12.000 años se verificó la revolución agrícola: el Homo sapiens, única especie humana superviviente tras la extinción de las otras especies del género “Homo”, abandonó su condición de cazador-recolector y se dedicó a la domesticación de plantas y animales para proveerse el sustento. A partir de entonces hay evidencias de los primeros asentamientos permanentes. Es razonable pensar que sea por esas mismas épocas cuando se afirmó la diferencia entre propiedad pública y propiedad privada (1). Aunque el camino fue escabroso y múltiples sus avatares, esas categorías han sobrevivido y sus conceptos cuentan con extendido acuerdo, tanto en sus versiones extremas como en sus numerosos matices intermedios. Grosso modo: “propiedad” es el derecho de poseer y disponer de algo; “pública” es cuando tal derecho lo ejerce el Estado en nombre de la sociedad; “privada” es cuando lo ejerce un particular. Ambas modalidades están matizadas por el interés general de un lado y por los derechos individuales del otro. Para salvaguardar y conciliar esos valores superiores, el ejercicio de ambas modalidades de propiedad está limitado por el sistema normativo correspondiente (constituciones, leyes, reglamentos, decretos, que otorgarán más o menos espacio al interés general o a los derechos individuales, según el régimen político de que se trate). Estas convenciones, larga y trabajosamente construidas por la especie a través de los milenios, se han visto enriquecidas de golpe y de repente por el gobierno del Frente Amplio del Uruguay, que consagró una nueva categoría hasta ahora inédita: la propiedad política.

El “leading case”

El concepto de “propiedad política” no resulta de la información genética de la especie, ni de una abstracción intelectual, ni de la milenaria acumulación de usos y costumbres, sino de una práctica de gobierno que combina la post-verdad con la pre-m