Versión taquigráfica de la interpelación a Nin Novoa

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: hemos votado negativamente por las razones expuestas en ocasiones anteriores.

 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: quiero saludar al señor ministro de Relaciones Exteriores, al señor subsecretario y a quienes los acompañan, ya que siempre es un gusto recibirlos.

El señor ministro fue senador y vicepresidente de la República, por lo que en el período pasado compartimos tareas en la Cámara de Senadores. Tengo un alto respeto por él, y descuento que esta sesión transcurrirá en un clima adecuado. No hemos venido a plantear cuestiones personales, sino políticas, y las discutiremos como corresponde hacerlo en la Cámara de Diputados.

La razón de nuestra convocatoria está claramente señalada en la moción que oportunamente votó la Cámara. Queremos saber cómo define, cómo caracteriza el Gobierno uruguayo la situación política que hoy existe en la República Bolivariana de Venezuela. Y queremos saberlo, no por curiosidad, sino porque en función de la caracterización que de esa situación política se haga resultará la posición que se adopte en la OEA, en el Mercosur y en la Unasur con respecto a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA y las cláusulas democráticas del Mercosur y de la Unasur.

¿El régimen venezolano actual, con todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, y yo diría, por lo menos, desde diciembre de 2015, es una democracia? ¿Cabe caracterizarlo así? ¿Es una democracia con problemas, con particularidades ‑distinta de la nuestra, ciertamente‑, pero democracia al fin? ¿Así la caracteriza el Gobierno uruguayo? ¿O, en cambio, el régimen venezolano es uno en el cual se ha producido la ruptura del orden democrático y se ha ingresado, franca y claramente, al terreno de las dictaduras? Obviamente, lo que el Gobierno uruguayo haga debe ser distinto, según se estime correcta una caracterización del régimen político venezolano u otra.

Nuestra opinión, la del Partido Colorado, es muy clara. A nuestro juicio, es evidente que lo que hay en Venezuela es una dictadura, porque no puede llamarse democracia a un régimen en el que la Asamblea Nacional ‑que es como se denomina el Parlamento venezolano‑, elegida por el pueblo, ha sido sistemáticamente desconocida e ignorada. No puede llamarse democracia a un régimen en el que el Poder Judicial funciona, simplemente, como una oficina al servicio del Poder Ejecutivo. No puede llamarse democracia a un régimen en el que los institutos de democracia directa, como el referéndum revocatorio, previsto expresamente en la Constitución venezolana y utilizado ya en otros años, hoy es clausurado, es bloqueado, pese a los millones de venezolanos que expresaron su voluntad para utilizarlo, por la decisión omnímoda del régimen chavista.

No puede calificarse de democracia un régimen en el que se violan, sistemática e impunemente, los derechos humanos, encarcelando a los dirigentes políticos, proscribiéndolos, apaleando y matando a la gente que protesta en la calle, y enviando a los detenidos a la Justicia militar.

Frente a esta evidencia que rompe los ojos, nosotros esperamos definiciones claras y firmes de nuestro Gobierno. Y no solamente no hemos tenido esas definiciones claras y firmes que esperamos, sino que hemos visto señales vacilantes y conductas zigzagueantes.

Además, señor presidente, nos enteramos de una noticia que nos llena de asombro, y esperamos que el señor ministro la confirme o la desmienta. En las últimas horas de ayer vimos un tuit de la señora canciller de la República Bolivariana de Venezuela, señora Delcy Rodríguez, en el que decía que por invitación del presidente Maduro se constituyó un grupo de países acompañantes del diálogo en Venezuela, y entre los países que forman ese grupo están Nicaragua, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay.

Asimismo, esta mañana leímos en el diario El País la información sobre la sesión de hoy, y allí se dice que el señor diputado Núñez, del Partido Comunista, está satisfecho con las decisiones que ha tomado su bancada, particularmente por el hecho de que Uruguay resolvió formar parte de ese grupo de países acompañantes del diálogo.

Esas son las noticias que nosotros tenemos: el tuit de la señora Delcy Rodríguez y las manifestaciones del señor diputado Núñez, pero como contamos con la presencia del señor ministro en sala, naturalmente, queremos preguntarle a él si esto es cierto, si es así y si, efectivamente, le llegó esa invitación. También queremos saber, concretamente, a qué se le invita, y en qué consiste la tarea de acompañamiento del diálogo para la que se propone a estos países, y si es cierto que Uruguay la aceptó.

Para nosotros esto es novedoso, reitero que lo conocimos en el curso de las últimas horas y, por supuesto, queremos un pronunciamiento claro y categórico del ministro a este respecto, ya que, naturalmente, en función de las respuestas, serán muy distintas las conclusiones a las que personalmente podamos llegar en el curso de la sesión de hoy.

Decía, señor presidente, que nos alarma y nos preocupa la situación existente en la República Bolivariana de Venezuela, y que esperamos que el Gobierno uruguayo actúe con claridad y firmeza al respecto. Y cuando se dicen estas cosas, a veces se opone la siguiente objeción: «Bueno, pero esto es interferir en los asuntos internos de otro país; es violar el principio de no intervención; es incurrir en injerencia respecto a los asuntos internos de otros Estados». Y yo afirmo categóricamente algo que todos los que integramos este Cuerpo tenemos que saber perfectamente: eso no es así; no hay tal injerencia, porque entre Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela y muchos otros Estados hay instrumentos internacionales que nos vinculan y que establecen la obligación de todos los Estados partes de esos instrumentos internacionales de preservar las instituciones democráticas y de controlarse recíprocamente en el cumplimiento de este deber y de esta obligación.

La cláusula señera es la cláusula democrática del Mercosur, consagrada en el Protocolo de Ushuaia de 1998. Según el ar­tículo 3º del Protocolo de Ushuaia: «Toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados partes del presente Protocolo dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos en los ar­tículos siguientes».

Y el ar­tículo 5º dice que las medidas que se adopten, de haber resultado infructuosas las consultas entre el Estado afectado y los demás Estados partes, «abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos».

En el año 2001 se sancionó la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el ar­tículo 21 dice:

«Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado».

Quiere decir que la suspensión prevista por este ar­tículo no releva al Estado que haya sido suspendido de su obligación de seguir respetando los derechos humanos.

Y algo muy importante es que la decisión de suspensión no impide que la OEA mantenga sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado. Esto quiere decir que la suspensión por sí sola no determina el aislamiento del Estado que haya sido objeto de esta medida salvo, naturalmente, que ese Estado quiera aislarse, que es lo que estamos viendo que hace Venezuela cuando presenta su denuncia de la Carta constitutiva de la OEA, lo cual indica claramente una voluntad política de separarse de la Organización. Sin embargo, esa manifestación de voluntad que inicia el proceso de denuncia no tendrá efecto sino hasta dos años después de haber sido formalmente presentada, tal como establece el ar­tículo 143 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Es decir que la formalización de ese propósito de denuncia de la membresía de la OEA no impide, en manera alguna, que se apliquen estas disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, porque durante dos años Venezuela sigue siendo miembro a todos los efectos previstos en ese instrumento.

Finalmente, la cláusula democrática de la Unasur, contenida en el Protocolo adicional al Tratado Constitutivo del año 2014 dice, en su ar­tículo 1º: «El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos».

Las sanciones previstas por esta Cláusula Democrática de la Unasur son las del ar­tículo 4º, que dice:

«a. Suspensión del derecho a participar en los distintos órganos, e instancias de la UNASUR, así como del goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado Constitutivo de UNASUR.

1. Cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros.
2. Promover la suspensión del Estado afectado en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales.
3. Promover, ante terceros países y/o bloques regionales, la suspensión de los derechos y/o beneficios del Estado afectado, derivados de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte.
4. Adopción de sanciones políticas y diplomáticas adicionales».

A la luz de estas cláusulas de acuerdos internacionales suscritos, tanto por Uruguay como por Venezuela y Estados, es evidente que no puede hablarse aquí de injerencia cuando nos preocupamos por el estado de las instituciones democráticas en Venezuela. Hemos acordado, hemos convenido que los países miembros de estos acuerdos nos vamos a preocupar mutuamente por lo que pasa en cada uno de ellos con relación a las instituciones democráticas. Y si hay ruptura del orden democrático, lo vamos a señalar y lo vamos a sancionar de acuerdo con estos instrumentos internacionales. No puede invocarse, entonces, el principio de no intervención contra estas estipulaciones acordadas por todos nuestros países.

Lo que rige acá es un principio básico elemental del derecho internacional público que dice pacta sunt servanda, o sea, hay que cumplir las obligaciones contraídas, hay que cumplir los compromisos que se asumen. En el marco de este principio fundante del orden jurídico internacional pretendemos hacer valer estos instrumentos que legitiman la preocupación que hoy expresamos por la situación política existente en la República Bolivariana de Venezuela.

Analicemos los hechos a partir de un punto de partida que, a nuestro juicio, es insoslayable: las elecciones legislativas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2015. El pueblo se pronunció de manera clara y categórica y le dio una mayoría contundente a los partidos de oposición en la Asamblea Nacional: obtuvieron ciento doce bancas del total. Algunos dijeron inmediatamente que esa era la demostración de que el régimen presidido por el señor Maduro se ajustaba a derecho, que respetaba el pronunciamiento popular, que la democracia venezolana estaba dando una prueba de su vigor y su autenticidad, porque había ganado la oposición. Claro, esa noche, cuando se hacían esos comentarios optimistas, no se sabía lo que vendría después; y lo que vino después demoró muy poco tiempo en producirse. En el mismo mes de diciembre, la Asamblea Nacional saliente designó trece nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, ampliando el número de integrantes que tenía antes ese órgano, asegurándose ‑naturalmente‑ tener una mayoría chavista en el órgano supremo de la justicia venezolana. Pocos días después, este Tribunal, así constituido, con esa nueva integración, adoptó una medida cautelar ‑la naturaleza jurídica de la medida es importante‑ por la cual suspendió, en el ejercicio de sus cargos, a tres diputados opositores elegidos por el Estado de Amazonas. Y con esos tres diputados suspendidos le quitó a la oposición la mayoría de dos tercios que había obtenido en las urnas y que le permitía ejercer todas las competencias que la Constitución bolivariana otorga a la Asamblea Nacional.

Reitero que la oposición, por el voto popular, había ganado los dos tercios. Un tribunal de Justicia, constituido por una Asamblea Nacional que salía, a último momento modificó esa situación por el simple expediente de decir que tres diputados del Amazonas no pueden incorporarse a la Asamblea porque hubo irregularidades en el proceso de su elección.

La Asamblea Nacional, en un primer momento, acató la decisión del Supremo Tribunal de Justicia, y aceptó la desincorporación de los tres diputados el día 13 de enero de 2016. Estábamos en enero, la medida era cautelar, cabía esperar que en poco tiempo se dictase sentencia definitiva sobre la situación de los diputados y que, eventualmente, se llamara a elecciones en el Estado de Amazonas, para que ese Estado tuviera representación legislativa, representación parlamentaria. Sin embargo, fueron pasando los meses y a finales de julio no había pasado ninguna de esas cosas: seguían sin sentencia definitiva, solamente con la sentencia cautelar, y sin llamar a elecciones en el Estado de Amazonas, lo que determinó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esos días ‑fines de julio de 2016‑ señalara que las poblaciones indígenas del Amazonas no tenían voz, no tenían representación en el órgano legislativo, lo que justificaba la preocupación de la Comisión Interamericana. Ante esa situación, y visto el cariz que estaban tomando los acontecimientos, la Asamblea Nacional decidió reincorporar a los tres diputados del Amazonas e, inmediatamente, el Tribunal Supremo de Justicia salió de la modorra y decidió ‑en función de esto‑ que la Asamblea Nacional estaba en situación de desacato, que los diputados no eran tales, porque habían sido elegidos con irregularidades y, a partir de allí, le pusieron una tacha a la Asamblea Nacional, que se traduce en que el Tribunal Supremo de Justicia va a desconocer todas y cada una de las leyes que dicte la Asamblea Nacional, por un motivo o por otro, por una razón o por otra. Y siempre, como telón de fondo, por la presencia de esos diputados del Amazonas, todo lo que haga la Asamblea Nacional, donde la oposición tenía mayoría, va a ser nulo; todo eso va a ser rechazado. La ley de amnistía para los presos políticos, fundamental en la convocatoria de la oposición a la ciudadanía, y muchas otras disposiciones que adoptó la Asamblea Nacional fueron eliminadas a través de este Tribunal Supremo de Justicia, así llamado por la Constitución, que se transformó en el gran instrumento del gobierno de Maduro para anular ‑en los hechos‑, para hacer totalmente irrelevante esa Asamblea Nacional donde tenía amplísima mayoría la oposición. O sea, se permitió que la gente eligiera, se permitió que la gente votara, se dijo que estaban respetando el resultado electoral y, luego, por la vía de los hechos ‑porque estos pronunciamientos pseudojudiciales son hechos‑ se desconoció olímpicamente la Asamblea Nacional elegida por la ciudadanía.

Este Tribunal Supremo de Justicia merece algún comentario extra. En esos primeros meses en que este Tribunal dictaba sus sentencias y se promovía el revuelo consiguiente, algunos podrían pensar y otros decían: «Bueno, es un Poder Judicial independiente. Está ejerciendo sus funciones. Hay que acatar lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia. Nadie que invoque el Estado de derecho puede desconocer los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia». Obviamente, quienes teníamos presente cómo se había constituido ese Tribunal, cómo a último momento el chavismo había reforzado su mayoría, no aceptábamos esto porque resultaba evidente que era un instrumento político al servicio del Gobierno. Pero hechos posteriores, bien recientes, despejan todas las dudas de cualquier observador de buena fe, señor presidente.

¿Qué fue lo que pasó? El 28 y el 29 de marzo de este año, ese Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencias que constituyeron un verdadero golpe de Estado judicial. Se arrogó para sí, insólitamente, las funciones de la Asamblea Legislativa. Les quitó las inmunidades a los parlamentarios. Le otorgó facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y, en particular, al presidente Maduro, en particular, la facultad de autorizar la constitución de empresas mixtas para la explotación de hidrocarburos, tema económico que está en el fondo de todo esto.

Eso fue un verdadero golpe de Estado judicial, porque es absolutamente insólito que un tribunal supremo de justicia se arrogue para sí funciones legislativas. Yo creo que no tiene precedentes, por lo menos en América. Pero eso fue lo que se hizo.

Como esto provocó un enorme revuelo internacional, quejas y protestas. Además, como la propia fiscal general del régimen venezolano, señora Luisa Ortega Díaz, chavista consecuente de la primera hora, dijo públicamente que con esas sentencias se había roto el hilo constitucional, Maduro se vio obligado a convocar al Consejo de Defensa que tienen previsto en la Constitución y este, reunido inmediatamente, le recomendó al Tribunal Supremo de Justicia que revisara sus sentencias, lo que el Tribunal hizo al otro día.

¿Alguien puede pretender prueba más clara y categórica de la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo? Después de haber dictado dos sentencias históricas ‑porque se arrogaba nada menos que las funciones de Asamblea Nacional, les quitaba las inmunidades a los parlamentarios, le daba facultades extraordinarias al Gobierno de Maduro‑, ¡al día siguiente las revoca sin ningún problema porque este Consejo de Defensa le recomendó que lo hiciera! No hubo ni meses ni semanas de estudio a fondo para ver la situación jurídica que se había planteado ¡No, señor presidente! ¡Fue de un día para otro! El Tribunal Supremo de Justicia funciona como una oficina del Poder Ejecutivo y, además, particularmente diligente, porque sabemos que en las oficinas públicas, a veces, las cosas demoran. Pero esto no demoró nada, salió como por un tubo. Entonces, no me vengan con la independencia del Poder Judicial en Venezuela, porque no existe. No me digan que los diputados de Amazonas fueron correctamente separados de sus cargos por un Poder Judicial independiente, porque eso es falso, porque ese Poder Judicial no es independiente, ¡es un instrumento al servicio de la voluntad política del gobierno de turno, que es el del señor Maduro! ¡En Venezuela no hay separación de poderes! ¡Falta un elemento básico del Estado de derecho, reclamado por la Carta Democrática Interamericana y por cuanto instrumento internacional sobre democracia e instituciones democráticas hay en el mundo! ¡Allí no hay separación de poderes! ¡Hay un Poder Judicial dócil! ¡Es un instrumento al servicio del Gobierno y lo usan para desconocer a la Asamblea Nacional, elegida por la voluntad popular de los venezolanos! Esa es la situación, y no queda acá la cosa.

No solamente a los órganos representativos desconoce el régimen de Maduro; desconoce también los institutos de democracia directa. Desconoce al pueblo venezolano que se expresó a través de millones de personas que firmaron para que se pusiera en marcha el procedimiento del referéndum revocatorio previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el mismo que se puso en marcha en el año 2007 ‑si no recuerdo mal‑ contra el presidente Chávez. El referéndum revocatorio se hizo, Chávez ganó y algunos amigos del régimen chavista dijeron: «Esta es la prueba de que la Constitución de la República Bolivariana es la más democrática del mundo. El presidente pone en juego su cargo y se somete a lo que la gente vote, a lo que la gente decida». Pues bien, el año pasado, los venezolanos quisieron poner en marcha de nuevo el instrumento del referéndum revocatorio; juntaron millones de firmas, millones de voluntades, con la expectativa de encontrar una salida política, electoral, democrática y pacífica para la situación en que se encontraban, pero, ¡claro!, algunos, de entrada, dijeron: «Esto no va a ocurrir». Diosdado Cabello, en la primera de cambio, afirmó: «No va a haber referéndum revocatorio ni en 2016 ni en 2017». ¡De entrada lo dijo!

¿Por qué era importante el año? Porque si el referéndum se hacía antes del 10 de enero de 2017 y resultaba adverso al presidente, había que llamar a elecciones para elegir a un nuevo presidente que completara el período. Pero si el referéndum se hacía después del 10 de enero, en caso de que resultara adverso al presidente, no habría nuevas elecciones, sino que el presidente debería ser sucedido por el vicepresidente, que en Venezuela es designado directamente por el presidente, entre sus ministros. Esa era la importancia de la fecha.

Les pareció a algunos ‑por ejemplo, al señor canciller‑ que lo de la fecha no resultaba tan importante y que lo fundamental era que el referéndum se hiciera. Otros países vieron con claridad lo que políticamente se jugaba allí y emitieron una declaración, creo que con fecha 28 de setiembre del año pasado, señalando las demoras en que estaba incurriendo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para habilitar las distintas etapas del referéndum. Iba acumulando decenas de días de atraso, llevando la fecha cada vez más allá, y hubo un grupo de países ‑entre los cuales estaban Argentina y Brasil, entre otros‑ que llamó la atención sobre esto que estaba ocurriendo. Uruguay no quiso firmar esa declaración. El señor canciller Nin Novoa manifestó en ese momento que lo importante, en definitiva, era que el referéndum se hiciera, como diciendo: «La fecha no es importante». ¡Vaya si era importante la fecha! Pero Uruguay dijo: «La fecha no tiene mayor relevancia».

Después, las cosas se complicaron más aún. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó resoluciones por las cuales exigió que el 20% de las manifestaciones de voluntad requeridas por la Constitución para poner en marcha el referéndum revocatorio se obtuvieran no en el conjunto del país, en la circunscripción nacional, sino en cada uno de los estados venezolanos y en el distrito capital. De esa manera, violó una disposición constitucional que establece que las manifestaciones de voluntad deben obtenerse en la circunscripción por la cual haya sido elegido el magistrado cuya revocación se promueva. Tratándose del presidente de la República, que se elige en circunscripción nacional, ese 20% de las voluntades debía recabarse en el país. Se dijo, en cambio: «No; tiene que hacerse en cada estado». Esto era lo que observaban esos países signatarios de la declaración del 28 de setiembre, que decían: «De esta manera, van a demorar todo el proceso y el referéndum revocatorio no podrá cumplir su finalidad». ¿Cuál era? Decidir si la gente quería que siguiera Maduro o no.

Por un momento pudo parecer que lo que estaba en juego era simplemente la demora, el plazo, si se hacía un poco antes o un poco después; pero, transcurridos pocos días de esa resolución a que me acabo de referir ‑del 17 de octubre, si no recuerdo mal‑, vinieron cuatro o cinco sentencias simultáneas del 20 de octubre, en otros tantos estados venezolanos, declarando viciados de nulidad los procedimientos de recolección de voluntades, en virtud de que se habrían registrado en ellos diversas irregularidades. Entonces, al cancelar los procedimientos tendientes a la realización del referéndum revocatorio en cuatro estados, y habiendo establecido anteriormente la Sala Electoral que era indispensable obtener ese 20% en todos y cada uno de los estados, estas sentencias determinaron el bloqueo de todo el proceso del referéndum revocatorio. Eso fue lo que pasó. Con esta martingala, con esta treta, lo que hicieron fue frenar el procedimiento por el cual el pueblo venezolano quería llegar a las urnas, como lo había hecho ya en 2007, para decidir acerca de la continuidad del señor Maduro en el gobierno. En este caso, no lo pudieron concretar por esta manganeta que hicieron los órganos competentes del régimen venezolano y se frustró así el referéndum revocatorio.

Como ya señalamos, Uruguay decía: «Lo importante es que el referéndum se haga». Bueno, el referéndum no se hizo.

En ese mismo año ‑2016‑, pasaron otras cosas. Por ejemplo, se postergó la elección de gobernadores y legisladores estaduales que hubiera debido realizarse ese año. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Constitución venezolana, los mandatos de esos gobernantes duran cuatro años. Habían asumido sus cargos el 16 de diciembre de 2012 y debieron haber sido reemplazados el 15 de diciembre de 2016. Por lo tanto, las elecciones deberían haberse hecho antes de esa fecha. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dispuso que las elecciones regionales se realizaran a fines del primer semestre de 2017; o sea, las postergó olímpicamente.

Ya estamos en mayo y de esas elecciones estaduales no hay traza todavía. ¡Que no se diga que se pueden convocar en cuatro o cinco días, porque no es así! En la elección de 2012 transcurrieron algo así como doscientos sesenta días entre que se convocó a elecciones y se votó efectivamente. Por lo tanto, está claro que no habrá elecciones de gobernadores en el primer semestre de 2017. ¡La voluntad popular queda en suspenso porque los órganos del régimen de Maduro no permiten que el pueblo vote, ni que junte firmas para hacer un referéndum revocatorio, ni que la Asamblea Nacional elegida por el pueblo legisle! ¡Retiene para sí todo el poder con distintos argumentos que algunos entienden que son de recibo!

Estamos en una situación de clarísima ruptura del orden democrático y del Estado de derecho. A este respecto, el último episodio, el más sintomático, fue el dictado de esas sentencias de 28 y 29 de marzo a que me referí hace un rato, arrogándose con ellas el Tribunal Supremo de Justicia las funciones de la Asamblea Nacional, eliminando la inmunidad de los parlamentarios, otorgando poderes extraordinarios a Nicolás Maduro, en fin, derribando por la sola voluntad de ese órgano, llamado de justicia, toda la estructura institucional propia de un Estado de derecho.

Obviamente, la gente salió a protestar. ¿Qué otra cosa iba a hacer? ¿Qué pueblo va a aceptar mansamente, callado y en su casa que ocurra todo esto, sin manifestarse? La gente salió a protestar ante la debacle institucional y ante una crisis económica de devastadores efectos sociales. Ese es otro dato insoslayable de la cuestión. Todo esto no ocurre en el vacío, sino en una situación social en la cual la economía venezolana se hunde, se contrae año tras año. Otras economías crecen; la venezolana, la de un país petrolero y rico, se contrae. Y mientras se contrae la economía, se achica la producción y crece la inflación, que se dice que este año superará el 700%. Entonces, tiene un producto que se contrae, una inflación galopante y, por distintas razones, desabastecimiento de alimentos

La gente no puede encontrar comida, no puede comer, y hay estudios que se han difundido que dicen que los venezolanos han perdido promedialmente 6 kilos de peso en los últimos años. Esto, por supuesto, golpea también en el plano de la mortalidad infantil, que ha venido creciendo en Venezuela, a contramano de lo que pasa en el mundo.

El desabastecimiento llega a los hospitales, donde la gente muere porque no hay medicamentos; no hay con qué atenderla, no hay con qué tratarla. Tienen que ir a Colombia a pedir asistencia a los hospitales colombianos. Todos los que hemos querido hemos visto cómo llegan los venezolanos y cómo dicen que van a los hospitales colombianos porque en Venezuela no hay nada, no hay con qué tratarlos. Esto lo dicen los enfermos, que están en la cama: «Vine acá porque en Venezuela no hay nada».

Ese es el trasfondo sobre el que ocurren todos estos hechos políticos e institucionales que he venido señalando, frente a los cuales la gente sale, protesta y se vuelca a las calles, como lo hemos visto en profusión de imágenes en las redes sociales todos estos días. Sale a la calle y es reprimida, golpeada, gaseada y asesinada. ¡Van treinta y seis muertos en Venezuela, señor presidente! Y a mí no me digan que si se enfrentan, por un lado, la fuerza pública y esos colectivos parapoliciales chapistas ‑que están armados también‑ y, por otro, gente a la que vemos en las redes sociales desarmada, los muertos son responsabilidad de los manifestantes, de los que protestan. Los muertos en principio son de responsabilidad del que tiene la fuerza. Podrá haber casos excepcionales, aislados, pero de regla, si hay un enfrentamiento entre gente que está armada y gente que está desarmada, las víctimas las van a producir los que están armados. Me parece que es de puro sentido común. Y esos treinta y seis muertos están señalando hoy la magnitud de la crisis en Venezuela, están mostrando la gravedad de esa situación y la necesidad urgente de encontrar una salida pacífica, democrática, que no puede ser otra ‑pensado con cabeza uruguaya, de demócrata, de ciudadano de la América Latina del siglo XXI‑ que una elección general realizada con todas las garantías, con observadores internacionales que garanticen la pulcritud del comicio. De esto no se sale si no es con elecciones; que sea la gente la que elija, la que vote y determine qué rumbo quiere para su país, qué gobierno quiere para el Estado venezolano.

Es tan evidente esto, tan grande la crisis y tan profunda la debacle venezolana, que el Gobierno de Maduro tenía que encontrar alguna respuesta. Y la que ha encontrado es otra respuesta al margen de la Constitución: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en la que los constituyentes ‑o constituyentistas, como dicen ellos‑ no se elegirían por voto universal, como lo estipula la Constitución venezolana, sino que por comunas, por corporaciones, por determinados sindicatos y hasta por las Fuerzas Armadas agrupadas a esos efectos. Quiere decir que sería una constituyente corporativa, una constituyente bien reñida, bien alejada de las constituyentes elegidas por el voto universal, donde puede votar todo el mundo. Resultaría inconstitucional, por lo tanto, como lo viene señalando la oposición venezolana y, sobre todo, constituiría otra maniobra, otra cortina de humo para sacar la cuestión de donde verdaderamente está, que es en que la gente tiene que ser llamada a elecciones generales para elegir nuevo gobierno, porque no hay otra salida más que esa.

Esta convención constituyente que propone el señor Maduro no es más que otra maniobra; no es más que otra cortina de humo para mantenerse en el poder y para eludir lo que no quiere, que es que la gente vote, porque cuando vota lo hace por la oposición y eso está bien claro en los últimos años en Venezuela.

Desde que se murió Chávez, bajó el precio del petróleo; tienen un Gobierno incompetente, cuyo presidente trata de convencer a las vacas de las bondades de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hemos visto todos, señor presidente. El señor Maduro les habla a las vacas; les dice que tienen que elegir entre guarimba y constituyente. ¡A las vacas! Y cuando no recibe consejos del mundo bovino, lo hace desde el mundo ornitológico y escucha las voces de los pajaritos que le dicen lo que tiene que hacer. Ese es el hombre que está enfrentando una crisis tan tremenda, tan profunda como la que vive Venezuela. ¡Con razón no quieren que la gente vote!

Mientras pasaba todo esto, se desarrolló en Venezuela un diálogo. Diálogo es la palabra mágica; es el mantra que se repite siempre en estas situaciones. Es notable, porque hacen elecciones, gana la oposición y en vez de decir: «Bueno, señores: ganó la oposición; vamos a dialogar con ella en la Asamblea Nacional, respetando las proporciones resultantes del pronunciamiento popular», ¡no!, gana la oposición, desconocen la Asamblea Nacional, pero, eso sí, llaman a dialogar. Señor: cuando la gente vota no hay nada que conversar; hay que cumplir con la Constitución y dejar que los elegidos gobiernen. ¡Pues no! Acá lo que hace el régimen de Maduro es bloquear a la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, pero, eso sí, llama al diálogo. ¡Y algunos creen que esto es una señal positiva; creen que esto es auspicioso! ¡No! ¡Esto es una burla a la voluntad popular! ¡Hablan de diálogo porque no respetan lo que la gente votó! ¡Ese es el punto!

Pues bien, llamaron al diálogo y diálogo hubo en Venezuela durante varios meses, desde mayo de 2016 hasta febrero de este año, por lo menos. El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, promovió un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición, recabando la participación de expresidentes para conducirlo: José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá. Las conversaciones se iniciaron en mayo y se constituyeron distintas mesas de trabajo; cuatro fueron las mesas de diálogo que contaron, además, con la presencia de un enviado del papa Francisco, que se sumó a los encargados de llevar adelante estas conversaciones.

Mientras el diálogo transcurría y aparecía un día sí y otro también el señor Rodríguez Zapatero sonriente, diciendo que iban a conversar con unos y después, con otros, la Asamblea Nacional seguía siendo desconocida, el referéndum revocatorio resultaba bloqueado, las elecciones de gobernadores eran aplazadas ‑en los hechos, sine die, porque lo del primer semestre de 2017 no se va a cumplir‑, y el número de presos políticos seguía creciendo. Dejaron salir a algunos, pero tomaron a otros; dice la oposición que se produjo el efecto «puerta giratoria»: entraban por un lado, salían por el otro pero, en definitiva, el número de los presos políticos nunca dejó de crecer.

Cuando hablamos de esto, a veces, se dice: «No; no son presos políticos. Son políticos presos por los delitos que cometieron». Y yo de esto no creo nada, porque a la Justicia venezolana, después de lo que acabamos de ver, creo que no se le puede creer nada. Y del caso de los presos políticos más notorios, del preso político emblemático, Leopoldo López, menos se puede creer, cuando el fiscal de la causa, el señor Franklin Nieves, huyó de Venezuela y declaró que había acusado a López sin pruebas porque había sido presionado por sus autoridades, por sus jerarcas, para que lo hiciera. Entonces, si después de todo lo que pasó, con todo lo que ha ocurrido, con lo que hemos visto y con el fiscal de López que dice: «Mire, yo lo acusé porque me presionaron para que lo hiciera», no sé cómo alguien puede seguir sosteniendo que Leopoldo López cometió delito y merece estar preso.

A Leopoldo López se la tienen jurada desde hace rato los chavistas. Años atrás lo proscribieron; a través de distintos pronunciamientos administrativos lo privaron de su derecho a ser candidato. López recurrió. Llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, después, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta le dio la razón a López contra Venezuela. ¿Y saben lo que pasó, señor presidente? El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que debía dar cumplimiento a la sentencia que amparaba a López en sus derechos, declaró que el fallo era inejecutable, y el régimen venezolano, en ese momento presidido por el propio Chávez, se desató en una serie de improperios contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra la OEA; dijo que eran todos agentes del imperialismo y terminó denunciando el Pacto de San José de Costa Rica. Eso es lo que da la catadura, la «fibra democrática» ‑entre comillas‑ del régimen chavista. Eso fue lo que pasó con Leopoldo López en ese primer encontronazo. Ahora, en el segundo, está preso. A esta altura hace tres años que está preso Leopoldo López. ¡Tres años!

Creo que conviene recordar como antecedente que cuando Hugo Chávez, siendo oficial militar en actividad, promovió un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, y arrastró consigo a otros contingentes militares, y en febrero de 1992 desarrolló esta tentativa de golpe que causó naturalmente decenas de muertos, fue preso por eso. Era un militar en actividad que se había levantado contra el Gobierno constitucional. Y estuvo preso dos años porque el presidente Rafael Caldera lo indultó.

Leopoldo López, que no era militar, sino civil, que llamó a la gente a la calle, fue encarcelado en una prisión militar. Hace tres años que está preso y todavía se dan el lujo de que pasen semanas y hasta meses sin que la familia pueda verlo, incurriendo en formas de crueldad absolutamente innecesarias y gratuitas que, si para algo sirven, es para poner de manifiesto una vez más la catadura moral del régimen que tiene preso a este ciudadano.

El diálogo no sirvió para nada, porque mientras transcurría el diálogo ocurrieron todas esas cosas que he ido señalando en el curso de esta exposición, y el número total de presos políticos siguió aumentando, y los presos emblemáticos como López o como Antonio Ledesma siguen estando presos. Y todavía le han añadido las proscripciones. Habían proscrito en su momento a María Corina Machado. Cuando era diputada le pegaron en el recinto de la Asamblea Nacional; después, la echaron de ese ámbito. No hubo ningún proceso de desafuero ni cosa por el estilo. La echó Diosdado Cabello. Y luego le prohibieron ser candidata. Y como se entusiasmaron con el procedimiento, ahora le prohíben ser candidato a Capriles por quince años. Capriles está proscrito. ¡Proscrito! Lo que hacía la dictadura acá con los dirigentes políticos uruguayos lo hace el régimen chavista con los dirigentes políticos de la oposición.

Entonces, díganme, ¿de qué diálogo hablan cuando encarcelan o proscriben a los dirigentes de los partidos opositores? ¿Ese es el clima del diálogo? ¿Es así que quieren conversar cuando a los que piensan distinto y se les oponen los llevan presos o les prohíben ser candidatos? ¿Qué esperan sacar de esto? ¿Alguien puede creer en un diálogo convocado en estas circunstancias y de esta manera?

Uno se pregunta cómo un régimen que actúa así, que cuando llama a elecciones pierde, que después se deslegitima por la crisis económica, por los problemas sociales, por la forma en que trata a la oposición, por los muertos que se están produciendo en las calles, sigue gobernando. ¿Con qué apoyo? Y bueno, señor presidente, el apoyo de Maduro son las Fuerzas Armadas bolivarianas. Este es un régimen cívico-militar; es una dictadura cívico-militar como la que tuvimos nosotros. Los militares son hoy la tercera parte del gabinete ministerial. Controlan muchísimas empresas públicas y se encargan de procesos fundamentales, como por ejemplo la adquisición y distribución de alimentos lo que, evidentemente, es una puerta abierta a la corrupción de alto volumen, que es otro de los dramas de Venezuela; la corrupción y el narcotráfico están diezmando las riquezas de los venezolanos.

La actuación de las Fuerzas Armadas en todo esto no es circunstancial ni menor. Responde a designios de alto vuelo, de gran importancia, que tienen que ver con la puja por la apropiación de la renta petrolera. En este sentido, mucho más que lo que pueda decir yo, son muy elocuentes algunas notas que se han publicado en La Diaria por parte de ciudadanos insospechados, supongo yo, de estar al servicio de la CIA o del imperialismo yanqui. Me refiero al profesor Fernando López D’Alessandro o al sociólogo Eduardo De León, que han publicado sus ar­tículos en La Diaria, señalando que las Fuerzas Armadas bolivarianas se han apropiado de los procesos de explotación de las riquezas públicas en la cuenca minera del Orinoco y allí han formado empresas mixtas, o directamente militares, que trabajan en la explotación de hidrocarburos, de oro, del famoso coltán, que tanta importancia tiene en la tecnología moderna. Esto también es parte del trasfondo de esta situación. El soporte de Maduro son los militares que están apropiándose de una parte sustancial de la riqueza venezolana. Claro que esto sí es ajeno a nuestra competencia, porque ni la Carta Democrática Interamericana ni las cláusulas democráticas del Mercosur y la Unasur nos dan facultades para entrometernos en la lucha contra la corrupción en Venezuela. Yo a eso no me voy a referir. Me mantengo en el plano institucional, donde las cosas son como acabo de decir que son.

Frente a todo esto, ¿cómo ha actuado el Gobierno uruguayo? Yo digo que ha actuado en zigzag, en definitiva, con ambigüedad, pronunciándose a veces en términos que políticamente significaban el respaldo al chavismo, como por ejemplo cuando se batió a capa y espada el año pasado para que Venezuela no perdiera sus derechos en el Mercosur. Las cosas llegaron a tal punto que se temió que Argentina, Brasil y Paraguay constituyeran una asociación distinta y el Mercosur muriera como consecuencia de esos problemas. A último momento, Uruguay aceptó transigir y permitir que a Venezuela se le excluyera de la posibilidad de votar en los órganos del Mercosur, sin perjuicio de su derecho a expresarse en ellos.

En 2016 hubo reiteradas expresiones del Gobierno uruguayo que solo podían entenderse como respaldo ‑por lo menos, guiñadas‑ al régimen de Maduro, como cuando se decía: «No importa que cambien las reglas para juntar firmas para el referéndum revocatorio; lo que importa es que el referéndum se haga».

O cuando el presidente Vázquez, en gira por Europa, en diciembre del año pasado, consultado acerca de la situación en Venezuela, dijo: «Bueno, en Venezuela hay tres poderes que funcionan normalmente», y allí dio por terminada la cuestión.

Hubo más expresiones en favor de Venezuela, como todas aquellas en las que los gobernantes uruguayos dicen y repiten que están en contra de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Todo esto ha sido una sostenida expresión de simpatía y de buenos deseos hacia el régimen de Maduro, que ha venido procediendo de la forma en que lo hemos visto.

Cuando se producen los hechos de marzo, esas sentencias judiciales que constituyen ese golpe de Estado judicial ‑creo que inédito en la historia americana‑, ahí vienen las reacciones. En primer lugar, el 31 de marzo hay declaraciones de la Unasur, y después del Mercosur, que sí son declaraciones claras, precisas, enérgicas, que Uruguay también suscribe. Ese fue un punto de inflexión en la posición uruguaya, que me complazco en señalar y en decir que comparto. Allí sí, con esas declaraciones ‑la de Unasur, primero, pero fundamentalmente la declaración de Buenos Aires del 1º de abril del Mercosur‑ Uruguay cambió el discurso y empezó a señalar el tema de los presos políticos, el incumplimiento del calendario electoral y la necesidad de que se respeten los derechos humanos, todo eso que los demócratas estamos viendo que es necesario decir con relación a Venezuela.

Además, pareció que todo esto tenía otra vuelta de tuerca, que ya no era conceptual, sino que hasta podía decirse que era personal, porque el presidente Maduro ‑que ya tiempo atrás había insultado al vicepresidente Sendic‑ insultó al canciller Nin Novoa y dijo que acordaba sus posiciones con el Departamento de Estado y con la Embajada de Estados Unidos, lo cual, obviamente, generó el enérgico rechazo de nuestro Gobierno ‑como no podía ser de otra manera‑ e hizo que cuando en una entrevista periodística le preguntaron al presidente Vázquez si hablaba con Maduro, dijo que no, que no le contestaba el teléfono, por lo que le había dicho al canciller Nin Novoa y porque el embajador de Venezuela no asistía a los llamados de la Cancillería.

El presidente Vázquez fue muy enérgico. Dijo que esperaba las pruebas sobre las afirmaciones que Maduro había hecho con relación al canciller Nin o una rectificación pública de ellas. Cuando Vázquez dijo eso, creo que todos lo apoyamos, porque todos esperábamos que esta fuera la contestación del Gobierno uruguayo frente a las barbaridades que estaba propagando este señor.

Sin embargo, al lado de estas señales, es imposible no decir que hubo otras que tienen claramente otro sentido, porque por un lado se dice que Vázquez no va a hablar con Maduro hasta que no se rectifique y el canciller Nin Novoa recibe al embajador de Venezuela en una audiencia que dura tres minutos, pero pocos días después aparece el embajador de Venezuela en un almuerzo con el expresidente Mujica, celebrado en el famoso quincho de Varela, el 2 de mayo, en donde también están presentes tres ministros del Gabinete del doctor Vázquez: el ministro del Interior, señor Eduardo Bonomi; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Ernesto Murro, y la señora ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cosse. Entonces, por un lado, las audiencias duran tres minutos pero, por otro, comparten almuerzos con la figura política más importante en el Frente Amplio después del actual presidente de la República y con tres ministros del actual Poder Ejecutivo.

Por otro lado, viene de visita el presidente del Gobierno español, el señor Rajoy, a fines de abril, y Vázquez aprovecha esa ocasión para volver a decir que, a su juicio, no corresponde aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

Días después, se produce un episodio que ha sido ampliamente difundido, por el cual en la Comisión de Derechos Humanos se emite una declaración que, inicialmente, firman dos diputadas del Frente Amplio y, posteriormente, reciben una conminación de su bancada para retirar sus firmas. Como el procedimiento administrativo demora, van y directamente tachan sus firmas.

En el mismo sentido, se da otro hecho el 4 de mayo, cuando hay una declaración de varios países refiriéndose a lo que está ocurriendo en Venezuela, a las muertes que se están dando allí, pero esta vez el Gobierno uruguayo no firma, porque considera que no hay elementos conceptuales nuevos para aportar. Uno se pregunta, ¿será tan importante esto de la originalidad en la emisión de declaraciones políticas? Cuando va muriendo gente todas las semanas, ¿es tan importante agregar elementos nuevos? ¿O lo que hay que hacer es insistir y reclamar con energía y decir que eso que está pasando y que sigue pasando en Venezuela no puede volver a pasar y que los países de América están en contra de eso que está sucediendo allí? ¡Qué importa la reiteración conceptual si hay una reiteración criminal, que tiene que ser señalada y enfrentada!

Sin embargo, el Gobierno uruguayo no firmó esa declaración y uno no puede menos que vincular esa negativa con una noticia que publica el diario El Observador el pasado sábado 6 de mayo, diciendo que pese a todos los pesares, se han retomado los contactos diplomáticos al más alto nivel entre Uruguay y Venezuela. Cuando uno estaba cavilando acerca de si eso sería así o no y cuál sería el contenido de esos contactos, resulta que después leemos el tuit de esta señora, Delcy Rodríguez, que dice que se ha formado este grupo de países acompañantes del diálogo y que Uruguay forma parte de él.

Hoy leímos en la prensa ‑como dije al principio de mi exposición‑ que hay diputados del Frente Amplio que celebran que Uruguay forme parte de este grupo de amigos que acompañan el diálogo.

Entonces, la actitud del Gobierno uruguayo frente a todo esto es, por lo menos, ambigua; por lo menos, imprecisa. Algunos días firma declaraciones que censuran lo que está ocurriendo en Venezuela, y otros días adopta actitudes que son señales de simpatía, comprensión o tolerancia hacia lo que está haciendo el señor Maduro.

Entiendo que, por muchas razones, esta situación no es buena y que no le hace bien al país.

En primer lugar, porque la política exterior del Uruguay, cuando se trata de los principios democráticos, tiene que ser clara y firme. En ello nos va la identidad nacional. Si este país no es una democracia, no es nada. Y si en la comunidad internacional nosotros no somos un país comprometido con la defensa de los ideales y de los principios democráticos, no somos nada, porque por nuestra extensión territorial, por nuestro peso demográfico y por nuestro volumen económico, no somos nada en el concierto internacional. Se nos considera y se nos respeta, porque somos un país embanderado con la democracia y con el Estado de derecho, pero esa calidad, que es nuestra tarjeta de presentación en la escena internacional, se desdibuja cuando hay treinta y seis muertos en las calles de las ciudades venezolanas y preferimos mirar para otro lado.

En segundo término, hay que ser claro y preciso en esto, porque la política y el Gobierno tienen una influencia educadora sobre las nuevas generaciones. Lo que se hace desde el Gobierno, lo que se hace desde el poder, contribuye a educar. Yo creo que no hay nada más importante en la educación de la juventud uruguaya que educar para la democracia. Si queremos educar para la democracia, tenemos que actuar de tal manera que no deje dudas a nuestros jóvenes ni a la población en su conjunto ‑pero especialmente a nuestros jóvenes‑ acerca de qué es la democracia.

No hay democracia cuando se desconoce a un Parlamento; no hay democracia cuando un Poder Judicial funciona como escribanía del Poder Ejecutivo; no hay democracia cuando se bloquea a los institutos de democracia directa; no hay democracia cuando se encarcela a los dirigentes políticos, o se los proscribe, como se los proscribía acá en la dictadura militar. Uruguay no puede ser ambiguo a ese respecto. Tiene que ser claro y preciso, pero no lo está siendo.

Finalmente (y se aplica aquello de que es lo último, pero no lo menos importante) yo siento que tenemos un deber de solidaridad con el pueblo venezolano y que no podemos hacer guiñadas a Maduro, cuando los venezolanos salen a guapear a la calle todos los días, desarmados, enfrentando a la Guardia Nacional Bolivariana, teniendo heridos, muertos y presos que terminan en las mazmorras militares, porque ahora a los presos en Venezuela los está juzgando la justicia militar. Frente a eso, Uruguay no puede mirar para otro lado, hacerse el distraído ni quedarse en equilibrio complaciente para no quedar mal con unos, quedar bien con otros, o lo que fuere. Creo que necesitamos pronunciamientos claros y firmes, que se ajusten al derecho internacional, que es el meridiano de la política internacional uruguaya.

¿Dónde está el derecho internacional aplicable? En la Carta Democrática Interamericana, en las cláusulas democráticas del Mercosur y la Unasur, que dicen con toda claridad que cuando hay ruptura democrática, hay que proceder como esos instrumentos lo indican y hay que adoptar las sanciones previstas en ellos. No puede haber duda a ese respecto. ¿Qué dudas tiene el gobierno de la república? ¿No está convencido de que hay ruptura democrática en Venezuela? ¿No está convencido de que hay una dictadura en Venezuela? ¿Qué es lo que está esperando para convencerse? Estas son las respuestas que esperamos que nos traiga el canciller en la jornada de hoy.

Rápidamente le haré llegar las cuatro o cinco preguntas que le quiero hacer, porque no es un tema complicado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el miembro interpelante.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: van pasando las horas y nos vamos enterando de cosas que no sabíamos antes.

El señor ministro acaba de aportar un dato relevante, como lo fuera el relativo a la existencia de este grupo de países acompañantes del diálogo. Ahora nos dice que ha recibido un mensaje del señor presidente de la Asamblea Nacional, señor diputado Julio Borges, diciendo que tiene expectativas en el diálogo en la medida en que participe Uruguay. Esto es absolutamente novedoso; es algo de lo que nos enteramos en este momento.

Además, el señor ministro nos dice ‑con medias palabras‑ que podría haber ciertas condiciones para el diálogo que no querría revelar aquí. Entonces, nos estamos pronunciando con información parcial. Nos felicitamos por haber promovido esta instancia porque permitió el aporte de toda esta información que no conocíamos y nos quedamos pensando qué otra cosa más habrá que no sabemos.

En la medida en que la oposición esté de acuerdo en posibilitar el diálogo, tendrá sentido que se realice. Eso está dicho en el último párrafo de la declaración que hace un buen rato propusimos a la Mesa. Decimos que esto tiene sentido en la medida en que la oposición lo acepte y participe. En caso contrario, sería solamente un apoyo a Maduro y no a Venezuela. Esa es ‑palabra más, palabra menos‑ la fórmula que recoge la declaración.

Confiamos en que de aquí al tiempo que falta para terminar la sesión ‑hay unos cuantos oradores anotados‑ el señor ministro nos dé alguna sorpresa más como estas, que son tan agradables.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Gracias, señor presidente.

Yo sí voy a contestar, aunque sea brevemente, una alusión, porque se ha reiterado de un modo o de otro. Se ha dicho que aquí se ha llamado a sala al ministro para promover o tratar de sacar partido de hipotéticas divisiones internas en el Frente Amplio. Como soy el interpelante, digo que no es así; es más: rechazo categóricamente esa afirmación.

Yo llamé a sala al señor ministro de Relaciones Exteriores con un objetivo precisamente definido y creo haberme ceñido a él en el curso de mi exposición. No señalé las eventuales contradicciones entre el Frente Amplio y el ministro, sino lo que, a mi juicio, son ambigüedades o cursos en zigzag de la política exterior del Gobierno. A eso me referí; para nada hice alusión a las relaciones entre el ministro y la fuerza política que lo respalda. Esto no quiere decir que en el curso del debate no se pueda hacer referencia a las posiciones políticas del Frente Amplio, así como se realizan con relación a las posiciones del Partido Colorado o del Partido Nacional. Me reservo ese derecho y tal vez lo use, pero no fue ese el motivo de la interpelación ni nada que yo haya desarrollado en el curso de mi exposición. Si algún día alguien me hace el inmenso honor de leer lo que dije, verá que lo que afirmo ahora es estrictamente cierto.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Gracias, señor presidente.

Haré uso de la palabra, no para contestar todas y cada una de las observaciones que por distintas razones, políticas, conceptuales o ideológicas, a mi juicio merecerían respuesta, porque ello insumiría demasiado tiempo después de largas horas de deliberación, pero sí para subrayar algunos conceptos que me parecen importantes.

Antes de entrar en materia, quiero decir lo siguiente. El señor ministro me reprochaba en buenos términos no haberle avisado personalmente de la realización de esta interpelación. Yo partía de la base de que no lo iba a sorprender porque, en definitiva, la fecha la pone él. Pero tiene razón. Nuestro trato cortés de siempre hubiese justificado una llamada. No tenga duda de que la próxima vez que lo llame a sala, se lo avisaré por teléfono.

Ahora, si me va a contar las verdes, cuénteme las maduras también, sin alusión a un personaje reiteradamente nombrado en el debate. Cuando estuvo por acá el año pasado la canciller venezolana, no fue a hablar con el ministro. Fue a la sede del Frente Amplio y al PIT-CNT a criticar las actitudes de Uruguay con respecto a Venezuela. Yo llamé al ministro para solidarizarme con él y para expresarle mi indignación ante el hecho que estaba presenciando. Además, después salí, a través de la prensa, a expresar esa solidaridad con el señor ministro. De modo que esto también pongámoslo en la balanza, porque también es cierto.

Me sumo a expresiones de otros diputados ‑recuerdo que lo dijo el diputado Casaretto y creo que también el diputado Olaizola‑ en el sentido de que la actitud del señor ministro en el curso de este debate fue muy positiva, porque frente a muy pocas preguntas, cinco interrogantes claras y concretas, contestó en términos claros y concretos, en un plazo razonable para exponer su pensamiento, con la información que compartió con la Cámara, sin abrumarnos con exposiciones de cuatro o cinco horas, a menudo hechas por los asesores. De haber sido así, habría empezado por la teoría general de las relaciones internacionales, a cargo de un director de no sé qué; por la historia de las relaciones internacionales en América Latina, a cargo de otro director, y después de cuatro o cinco horas, cuando ya nadie supiera de qué se estaba hablando, habría salido a contestar. Pero no fue así: el ministro hizo lo que tiene que hacer un ministro; se refirió al tema que se le planteó y contestó clara y precisamente las preguntas formuladas, lo cual francamente me parece positivo. Creo que así deberían ser en general las interpelaciones.

Mi exposición se ajustó estrictamente a lo que dije que iba a hacer. Yo quería escuchar la información que pudiera aportarnos el señor ministro para conocer la caracterización que hace el gobierno sobre el régimen político existente en Venezuela y, a partir de allí, las actitudes que iba a tomar en el marco de la Carta Democrática Interamericana de la OEA y las cláusulas democráticas del Mercosur y de la Unasur.

Por supuesto que ambos temas están estrictamente vinculados porque la calificación que se haga del régimen político en Venezuela es el supuesto de hecho a partir del cual podrán desencadenarse o no ciertas consecuencias jurídicas, en función de esos tratados a los que acabo de referir. El supuesto de hecho básico en todos esos instrumentos es la ruptura del orden democrático y en la Unasur, además, la amenaza de ruptura del orden democrático. Pero si no estamos de acuerdo respecto a si el supuesto de hecho se ha verificado o no, no tiene sentido discutir acerca de si la consecuencia jurídica debe desencadenarse o no. Así que el planteo es de una estricta lógica. Habría que preguntar, primero, cuál es la calificación que el Gobierno uruguayo hace del régimen político venezolano para recién, a partir de ahí, entrar a la otra discusión. No cabía, sin una gran sorpresa, que se negara la ruptura del orden democrático porque ya lo había reconocido el Uruguay a través de una declaración conjunta del Mercosur, de fecha 1º de abril, que fue muy clara y habló específicamente de ruptura del orden democrático. Quedaba entonces ver qué consecuencias deben desprenderse, a juicio del Gobierno uruguayo, de esa calificación.

De modo que no es por curiosidad doctrinaria ni de taxonomía política que le reclamamos esas definiciones al señor ministro, sino para saber si en función de las apreciaciones que el Gobierno uruguayo hace, y debe hacer, corresponde o no aplicar esos instrumentos.

Por su parte el ministro, en otras oportunidades ‑no ahora‑, ha hecho esas calificaciones y ha dicho, por ejemplo, que en Venezuela hay una democracia autoritaria. Allí el sustantivo que utilizó fue «democracia» y luego la calificó, pero partiendo de la base de que en Venezuela hay democracia. Yo no comparto esa opinión pero, en todo caso, creo que es bueno que discutamos acá esas calificaciones, porque como acabo de tratar de explicar, hacen al fondo de la cuestión, es decir, a las acciones de política exterior que se van a encarar posteriormente. Esas acciones ‑lo reitero, señor presidente‑ deben ajustarse ‑y siempre partimos de la base de que se ajustan‑ a tratados y protocolos que han firmado Uruguay, Venezuela y otros Estados que son miembros de esos instrumentos: el tratado constitutivo de la OEA, los tratados del Mercosur y de la Unasur y los protocolos adicionales a esos tratados. Esa base jurídica es la que impide hablar acá seriamente de injerencia o intervención; eso no está en juego. Acá no hay que elegir entre no intervención o intervencionismo; no es eso, porque ambos países estuvieron de acuerdo en suscribir esos tratados. Se han obligado recíprocamente en esos términos y ese tratado, ese acuerdo de voluntades, es lo que justifica, lo que legitima, las actuaciones que se realicen, precisamente, al amparo de esas cláusulas democráticas. Me parece que no puede haber una discusión seria acerca de esto; no se puede decir que están interviniendo cuando el tratado o el protocolo adicional al tratado dice que si hay ruptura del orden democrático deberá hacerse tal y cual cosa, y eso lo firmaron tanto Uruguay como Venezuela. No hay intervención allí de especie alguna. Es una falsa oposición la que se plantea entre el curso de acción que nosotros estimamos pertinente y el principio de no intervención. Eso no está en juego, porque los Estados han prestado su voluntad para habilitar el funcionamiento de estos instrumentos. Y señalo que los que hoy invocan el principio de no intervención, el nombre del doctor Luis Alberto de Herrera y se rasgan las vestiduras en nombre de la no intervención fueron los que votaron, hace muy poco tiempo, el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur, Ushuaia II, que contiene cláusulas mucho más severas que estas que invocamos ahora nosotros en el marco de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, por ejemplo.

Repasemos, señor presidente, porque la memoria humana es frágil. El ar­tículo 6º del Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur ‑que en esta sala sostuvo, defendió y finalmente aprobó con sus votos el Frente Amplio‑ dice: «En caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático» las partes «podrán establecer, entre otras, las medidas que se detallan a continuación: a.- Suspender el derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional del Mercosur.- b.- Cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres. c.- Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros». El ar­tículo sigue hasta el literal f.‑, que es una cláusula abierta porque dice que se podrá: «Adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales».

Entonces, los que defendieron y votaron esto no pueden decir ahora que no se puede promover la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, las cláusulas democráticas del Mercosur o de la Unasur sin estar violando el principio de no intervención. ¡Vamos, señor presidente! Hay una contradicción flagrante, estridente, rechinante entre esa alegación y esto que votaron con la oposición de todos los partidos que somos, precisamente, la oposición.

Yo expuse las razones por las cuales entiendo ‑como entienden los partidos de oposición‑ que en Venezuela ha habido una clarísima ruptura del orden democrático y se ha configurado una situación política que, a nuestro juicio, solo merece el nombre de dictadura. Se me contesta diciendo que no, que al entender del Frente Amplio en Venezuela no hay una dictadura y se afirma, inclusive, con cierto coraje intelectual ‑que debo reconocer‑ que hay democracia. Ahora bien, son afirmaciones que se hacen de manera tajante, como se afirman los dogmas de fe: «Esto es así», pero no se niegan los hechos. Nadie dice: «Lo que usted está afirmando no es cierto porque en Venezuela la Asamblea Nacional funciona regularmente; los actos que ella aprueba son leyes que todo el mundo acata y reconoce». Nadie puede decir eso porque es un hecho notorio que no es así. Nadie me puede decir que en Venezuela hay separación de Poderes y que el Poder Judicial funciona con absoluta independencia porque es notorio que no es así, porque dieron vuelta una sentencia en veinticuatro horas porque se los mandó el Consejo de Defensa, ese que convocó Chávez; es notorio que es así. Nadie me puede decir que en Venezuela funciona el instituto del referéndum revocatorio, porque es notorio que lo bloquearon con artimañas jurídicas, diciendo que había que juntar el 20% de las voluntades en cada uno de los veintitrés Estados, más el distrito capital, y luego cuatro Estados dispusieron que había habido irregularidades en el proceso de recolección de firmas y, automáticamente, cayó toda la estructura y no hubo referéndum revocatorio.

El año pasado el ministro decía: «Bueno, en la medida en que haya referéndum revocatorio, no importa. Ahora, si mañana disuelven la Asamblea Nacional o no hay referéndum, veremos si hay o no ruptura del orden democrático». Pero se produjo esa vicisitud, esa contingencia: resulta que la Asamblea no puede funcionar y no hay referéndum revocatorio y, además, se suspenden las elecciones de gobernadores. Estos son hechos que nos se pueden negar porque rompen los ojos. Ahora, lo que es irracional ‑lo digo con todo respeto, pero es la calificación que a mi juicio merece esa conducta‑ es que se diga: «Es cierto, la Asamblea Nacional ha sido desconocida; el Poder Judicial es una oficina al servicio del Poder Ejecutivo; al referéndum revocatorio lo bloquearon; la elección de gobernadores fue suspendida, pero en Venezuela hay democracia. Punto; fin de la discusión». Esto no es racionalmente sostenible; por lo menos, yo no lo entiendo.

Tampoco puede decirse, en una versión de una simplicidad que realmente me resulta chocante, que toda la oposición de Venezuela es de derecha, golpista, oligárquica y una serie de calificativos similares; que, en bloque, son todos así. Entonces, el mundo es en blanco y negro: están los buenos, que son los chavistas, y están los otros, que son los malos; no hay duda posible. Ahora, esa enorme mayoría de ciudadanos venezolanos que el 6 de diciembre del año 2015 votó por la oposición y le dio dos tercios de las bancas en la Asamblea Nacional, ¿no entiende nada? ¿Es tonta? ¿Son bobos? ¿No conocen su interés? En esa aplastante mayoría de venezolanos, ¿ninguno entiende nada? Pero entendemos desde acá y les decimos: «Todos esos a quienes ustedes están votando para que vayan a la Asamblea Nacional son oligarcas, golpistas, cipayos y ustedes no se dieron cuenta». ¡Eso es insostenible! Los demócratas respetamos el voto del pueblo; no solamente lo acatamos sino que decimos: «Si la gente piensa así, respetemos su criterio que a veces no coincide con el de las elites pero, en definitiva, es la fuerza impulsora de la democracia». Hay que acatar la voluntad popular y respetarla sinceramente. No se puede desacreditar así, genéricamente, en bloque, a toda la ciudadanía venezolana.

Entonces, hay ruptura del orden democrático, hay dictadura, porque las prácticas del gobierno son dictatoriales. Eso también ha quedado de manifiesto con las violaciones de los derechos humanos, las proscripciones, los encarcelamientos.

Nosotros pensamos en traer a esta sesión algunos de los tantos videos ‑decenas‑ que circulan por internet, mostrando a la fuerza pública en Venezuela atacando a los manifestantes. No lo hicimos porque, finalmente, pensamos que podría generar un efectismo inconveniente para el transcurso del debate. Ahora, tampoco damos por bueno un video de dos minutos, que cabe en el curso de una interrupción, donde se nos pretende demostrar ‑con esos dos minutos de filmación, que además es clandestina, porque es evidente‑ que esos tres años que Leopoldo López lleva preso los ha pasado en condiciones confortables y adecuadas. Si quieren convencernos de eso, señor presidente, que hagan que algún organismo internacional insospechable realice una inspección en serio de las condiciones de reclusión, y entonces sí nos convenceremos. Pero con videos que toman los carceleros en dos minutos no nos convencen de que en estos tres años han estado bien, máxime cuando hemos visto a la señora Lilian Tintori parada durante más de un mes en la puerta del cuartel de Ramo Verde, la prisión militar donde está su marido, pidiendo verlo y sin lograr hacerlo. El hecho de que no pudo verlo durante más de un mes es notorio e irrefutable. Entonces, con esas circunstancias que no se diga que las condiciones de reclusión son las adecuadas.

En fin, en Venezuela hay una dictadura que está violando notoriamente los derechos humanos. Frente a eso, ¿qué puede hacer la comunidad internacional, por lo menos la que se nuclea en la OEA, por lo menos la que forma parte del Mercosur o de la Unasur? Puede aplicar las normas jurídicas que esos organismos tienen, ni más ni menos. Insisto en que eso no viola ningún principio del derecho internacional ‑al contrario‑, y quizás agregue una variante que hasta ahora no se ha introducido, porque se nos dice: «No, la salida para la delicada situación venezolana es el diálogo». Y reitero: en el Uruguay, ¿quién está en contra del diálogo? ¿Quién puede, racionalmente, estar en contra del diálogo? Pero tampoco hablamos de cualquier diálogo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque hay hechos que no podemos desconocer. ¿Se habla de diálogo en Venezuela desde hace cuánto? ¿Se practica ese diálogo desde hace cuánto? ¿Qué evaluación se hace del diálogo que ha venido ocurriendo en Venezuela? ¿Ha habido diálogo o no? Sí, ha habido: este de la Unasur, al que hicimos referencia, y luego el enviado del papa. Ha habido cuatro mesas temáticas. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Y también ha habido diálogo antes de todo eso. El canciller hizo referencia a esas etapas previas a 2015, que es donde arrancamos nuestra cronología. ¿De qué sirvió ese diálogo? ¿Podemos saltear la evaluación crítica de lo ocurrido para elogiar el diálogo en abstracto? A mí me parece que no: aceptamos y valoramos el diálogo como instrumento democrático y racional por excelencia, pero para saber cómo ha funcionado en Venezuela tenemos que ver lo que ha pasado. Y no solamente ha pasado la esterilidad, la inutilidad: también se ha recurrido al uso del diálogo como pantalla detrás de la cual se ocultan toda clase de abusos y excesos que agravaron la situación venezolana.

Naturalmente, no queremos que eso se reitere, porque estaríamos haciendo más de lo mismo y eso no conduce absolutamente a nada, por lo menos a nada bueno. En cambio, la aplicación de las medidas previstas en los instrumentos internacionales, a las que tantas veces nos referimos, podría implicar una diferencia, por lo menos en la medida en que no han sido usadas hasta ahora. Podría servir para hacerle notar a Venezuela que la comunidad internacional ya no mira con buenos ojos su actitud ni su conducta, ya no hace la vista gorda ante abusos y excesos y está dispuesta a aplicar instrumentos jurídicos adecuados para hacer frente a la situación.

¿Eso implica el aislamiento de Venezuela? No, señor presidente. Una vez más, no implica el aislamiento, salvo que Venezuela quiera aislarse. Pero el ar­tículo 21 de la Carta Democrática Interamericana dice que la suspensión del Estado afectado por la medida no implicará que cese en sus deberes y obligaciones y tampoco impide que los Estados que votan la sanción continúen los esfuerzos diplomáticos para superar la situación.

O sea que la adopción de estas medidas de ninguna manera implica aislamiento, salvo que Venezuela quiera aislarse. Si Venezuela empieza el procedimiento de denuncia de la carta constitutiva de la OEA, no se le eche la culpa más que a la propia Venezuela que opta por excluirse de la comunidad de Estados que hasta hoy forman parte de la OEA. Pero, insisto, la adopción de esas medidas no implica por sí el aislamiento. Puede implicar algo positivo que es empezar a recorrer un camino distinto que ese otro del diálogo abstracto, genérico, que, hasta ahora, no ha conducido a ningún buen resultado.

Pienso que la adopción de las medidas previstas en estos instrumentos internacionales va a tener un efecto inmediato: animar a los venezolanos, que hoy están dando una lucha tan difícil enfrentando una adversidad tan dura y severa, haciéndoles sentir que la comunidad internacional ve lo que está ocurriendo en Venezuela y toma medidas en función de esa realidad que nos golpea los ojos prácticamente todos los días o cada vez que abrimos el tuiter, el wasap o lo que fuere. Les estamos diciendo: señores, vemos lo que está pasando, no vamos a mirar para otro lado, no vamos a seguir tratando al gobierno de Maduro como si fuese un gobierno democrático; vamos a hacer otra cosa, sin perjuicio de seguir conversando, de seguir haciendo esfuerzos diplomáticos, los que hasta ahora no han tenido ningún resultado

No estamos proponiendo una táctica, señor presidente. No estamos diciendo que Uruguay debe tomar la bandera e ir a la vanguardia. No estamos diciendo nada de eso. Insisto: proponemos un concepto, un criterio, no una táctica. Luego, los profesionales de la diplomacia tendrán que encargarse de ver cómo debe aplicarse el criterio propuesto, pero no se ridiculice esto diciendo que pretendemos que Uruguay se transforme en un cruzado contra el régimen de Maduro, porque ese nunca fue el planteo.

Otro de los resultados concretos y positivos de esta reunión es que sale a luz una información que hasta ahora no estábamos manejando. Hemos llegado a conocer todo este planteo de diálogo hecho por el Gobierno de Venezuela al Gobierno uruguayo acá, con información que fue sucesivamente brindada por el señor Canciller a medida que él recibía los mensajes o se enteraba de los planteos que le llegaban. A ese respecto hay algunos comentarios insoslayables.

Creo que no podemos olvidarnos de los agravios inferidos al canciller de la República por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Me parece muy bien que el señor canciller, actuando como individuo, tenga el ánimo más dispuesto al perdón y que ofrezca, inclusive, la otra mejilla. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que el canciller de la República, con una investidura oficial, actúe de una manera que no guarda debidamente el respeto que se le debe al Uruguay. Que no fuera una rectificación formal , que se buscase un camino que Maduro pudiera recorrer, vaya y pase, pero, simplemente, ignorar el episodio después del planteo que había hecho el presidente de la República diciendo: «O producen pruebas de lo afirmado o se rectifica públicamente», dar vuelta la página y aparecer al otro día enganchado en un grupo de diálogo, me parece que no está bien.

Formar parte de un grupo de países en el que no están nuestros interlocutores habituales tampoco me entusiasma. Algunos de esos países tampoco me inspiran entusiasmo. Por ejemplo, el gobierno de Nicaragua no me inspira ningún entusiasmo, tengo muy graves reparos. Estar en un ámbito donde no están Argentina, Brasil, Chile, Perú ni México, francamente, me hace dudar. Embarcarnos en un diálogo sin tener constancia fehaciente de que la oposición venezolana esté representada -sea dividida en diecisiete partidos o en treinta y siete-, estar de acuerdo con eso también me parece peligroso. Veo que nos metemos en una aventura que, en fin, puede llevar al país a situaciones de desprestigio que nadie desea. No veo un camino claro en el que debamos internarnos y confío en que el señor Ministro aplicará toda su prudencia antes de dar otros pasos en esta dirección.

En el curso de esta sesión, el coordinador de la bancada del Frente Amplio dijo que para su partido, lo que hay en Venezuela no es una dictadura. Creo que es bueno que se haya dicho, porque así planteamos las cosas con claridad y todo el mundo sabe a qué atenerse. La ciudadanía, la opinión pública, sabrá mañana a través de los medios de prensa que para el Frente Amplio en Venezuela no hay dictadura, que para el Frente Amplio el señor Maduro no es un dictador. Me parece que es bueno que esas cosas se sepan. Yo discrepo radicalmente: ha quedado más que claro en el curso del debate; y esas cosas pesan en la definición de la política exterior.

No pesan indebidamente, porque es lógico, es natural y debe ser democráticamente así que las opiniones dominantes en el seno del partido de gobierno incidan en el gobierno. Eso es totalmente legítimo, pero es bueno tenerlo presente y señalarlo. Esas cosas pesan, y si el Frente Amplio cree que en Venezuela no hay dictadura, es lógico que la Cancillería tenga que medir sus pasos para no divorciarse de la fuerza política que la sustenta. Eso no es indebido, es normal en cualquier gobierno del mundo y sucede porque los gobiernos, en las democracias, responden a los partidos y la opinión de los partidos pesa en los gobiernos. Así que cuando yo advierto ambigüedades, dudas o marchas en zigzag, me lo explico, porque si la opinión de la fuerza política de Gobierno es que en Venezuela no hay una dictadura, es lógico que la Cancillería no actúe como si la hubiera, que es lo que pensamos, en cambio, los que estamos de este lado.

No solo piensan que no hay dictadura, señor presidente, sino que ha quedado de manifiesto que entienden que todas esas cosas que hemos ido señalando en el curso del debate son perfectamente compatibles con la democracia, con la concepción de la democracia que sustentan los sectores que imponen su parecer en el Frente. Eso no es nuevo, sabemos que es así, pero que haya ese peso del chavismo en la fuerza política de Gobierno es motivo de preocupación para nosotros.

Con estas aclaraciones, señor presidente, y con una declaración en la Mesa que refleja los puntos de vista que hemos acordado en el seno de los partidos políticos de oposición, doy por terminada esta intervención final.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: no hemos votado la declaración propuesta por el Partido Independiente porque estimamos que toma en cuenta únicamente los aspectos de la política exterior con relación a Venezuela que se pueden compartir. Pero así como hay aspectos compartibles, hay otros negativos que hemos señalado en el curso de las extensas horas de debate.

Pensamos que votar una moción que resalte solo lo positivo ofrecería una visión parcial de un tema muy complejo, que no es blanco o negro y que tiene una serie de matices que deben ser recogidos por la declaración de la Cámara. Ese ha sido el criterio con el que propusimos otra declaración que en breve será leída por la Mesa.

Muchas gracias.

SEÑOR PASQUET (Ope).- ¿Me permite, señor presidente?

Se cometió un error en la lectura de la moción. En el literal 2) no dice «legítimas potestades», sino «legítimas protestas».