21 septiembre, 2019

Proyecto de ley sobre uso y enseñanza del idioma español

Proyecto de ley
Artículo 1.- En todas las dependencias del Estado se empleará el idioma español de conformidad con las reglas de uso generalmente reconocidas en los países de habla hispana.
Artículo 2.- En caso de duda acerca de la identificación o interpretación de las reglas del idioma, se consultará a la Academia Nacional de Letras.
La Academia Nacional de Letras adoptará las providencias que fueren pertinentes para facilitar la formulación de las consultas y darles rápida respuesta.
Artículo 3.- La enseñanza del idioma español se desarrollará, en todos los centros educativos de educación inicial, primaria, media (básica y superior), terciaria técnica y de formación en educación, en el marco de los planes y programas aprobados por las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública y de conformidad con las reglas indicadas en el artículo primero de esta ley.
El apartamiento de las reglas del idioma en las exposiciones orales y escritas de los educandos será señalado y corregido por los docentes, en todas las ramas de la educación mencionadas en el inciso precedente.
Artículo 4.- La libertad de cátedra establecida en el artículo 11 de la Ley 18.437 de 12 de diciembre de 2008, no exonera del deber de cumplir con lo dispuesto por la presente ley.
Ope Pasquet
Representante Nacional
Exposición de motivos
La enseñanza de las reglas de uso del idioma del país es uno de los cometidos básicos de cualquier sistema educativo. El buen manejo de esas reglas permite a los estudiantes progresar en la adquisición de conocimientos, comunicarse mejor con la sociedad en la que viven, prepararse para el mundo del trabajo y ejercer adecuadamente sus derechos de ciudadanía en el marco de una sociedad democrática cuando llegue el momento de hacerlo.
Cuando el idioma del país es el español, como sucede en Uruguay, la utilidad de su dominio trasciende las fronteras nacionales y se proyecta a ambos lados del Atlántico sobre una comunidad de centenares de millones de hispanohablantes. Esta amplísima difusión internacional del idioma español -en virtud de la cual es el español uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas-, cobra especial valor en tiempos de migraciones frecuentes, como las que nuestra sociedad conoce bien. Para quienes dejan su tierra en pos de nuevos horizontes, el uso correcto del idioma español puede ser una herramienta sumamente valiosa, cuando no un requisito indispensable para su adecuada inserción laboral.
Es notorio que el uso del idioma acusa hoy graves deficiencias, y no sólo en nuestro país. Abundan desgraciadamente las faltas de ortografía, la sintaxis defectuosa, los errores en la conjugación de los verbos, etc., tanto en la prensa como en los anuncios comerciales y hasta en los documentos oficiales. Acerca de cómo se habla y se escribe en las “redes sociales”, los comentarios huelgan.
Respecto de esta situación es muy elocuente la “Declaración de Montevideo sobre el estado actual de la lengua española”, emitida en diciembre de 2013 por los representantes de la Academia Chilena de la Lengua, la Academia Argentina de Letras, la Academia Paraguaya de la Lengua Española y la Academia Nacional de Letras de nuestro país:
“(…) [S]e asiste en este momento a un grave deterioro de los aprendizajes lingüísticos de niños y adolescentes, atribuible a múltiples razones de índole diferente que están repercutiendo en forma negativa en el uso del lenguaje, sobre todo en su modalidad escrita. Esta circunstancia, en la que algunos medios de comunicación también juegan un papel importante, compromete seriamente la integración de los jóvenes a la sociedad en la que los vínculos y relaciones se establecen mayoritariamente a través del instrumento del lenguaje y menoscaba la interacción democrática que los ciudadanos deben asumir responsablemente para lograr una convivencia tolerante y justa en el seno de nuestras comunidades. Usar, es decir, comprender y expresar adecuadamente contenidos lingüísticos progresivamente más complejos y sofisticados, debe ser una de las finalidades más importantes de la educación lingüística de nuestros jóvenes; no se percibe, en este momento, que ese objetivo se esté cumpliendo (…)”.
(El texto íntegro de la “Declaración de Montevideo sobre el estado actual de la lengua española” puede leerse en el sitio web de la Academia Nacional de Letras del Uruguay).
A este cuadro general de “grave deterioro”, señalado ya hace cinco años por la Academia, se suma hoy la irrupción del llamado “lenguaje inclusivo” en centros de enseñanza y otras instituciones públicas, como el Ministerio del Interior y el Mides. Al respecto es sumamente ilustrativa una nota del periodista Carlos Tapia, publicada por el diario El País en su edición del sábado 21 de julio último. La sustitución de las letras “a” y “o” por la “e”, como en “Arriba les que luchan”, o la de la “p” y la “m” por la “x”, como en “les xadres de les alumnes”, etc., en nombre de la lucha contra la sociedad patriarcal y machista que produce la “invisibilización” de la mujer por el uso del masculino genérico, se ha vuelto de uso frecuente entre los estudiantes de algunos liceos. Ese uso parece ser aceptado, hasta ahora, por algunos docentes y jerarcas de la educación.
Según la citada nota de El País, el director de Planificación Educativa de la Anep, Antonio Romano, dijo que “No hay una política definida de manera explícita sobre este tema. Es parte de la libertad de cada docente, que es quien coordina con los estudiantes el enfoque de los temas que le parezcan de interés, siempre y cuando se encuadre dentro del programa. No hay prescripción ni prohibición. No hay ningún problema con el lenguaje inclusivo, y esto tiene que ver un poco con el concepto de laicidad (sic), de respeto a la opinión de los estudiantes”.
En el mismo sentido se pronunció Zózima González, presidente de Aidep (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada), para quien el uso del lenguaje inclusivo está bajo la potestad de cada docente y “es parte de la libertad de cátedra”.
La nota de El País menciona además las opiniones de otros docentes, que dan clase en la enseñanza pública y admiten de buen grado el uso del lenguaje inclusivo en las pruebas escritas. Uno de ellos explica que “El lenguaje es cuestión de poder” y que “Las reglas están para romperlas”. Quien así se expresa forma parte de un grupo docente denominado Colectivo Divergente, cuyas actividades fueron declaradas “de interés educativo” por el Consejo de Educación Secundaria en el año 2017.
El Mides, por su parte, promueve el uso del lenguaje inclusivo en los centros CAIF, en los que se cantan canciones que lo emplean, y el Ministerio del Interior hasta redactó una guía para instalar su uso en la Policía.
En cambio, integrantes de instituciones dedicadas al estudio del idioma como la emblemática Real Academia Española, por ejemplo, rechazan el lenguaje inclusivo por considerarlo reñido con la estructura general del idioma español y lesivo de su unidad en la comunidad hispanohablante. En nuestro país, miembros de la Academia Nacional de Letras como la Dra. Virginia Bertolotti dicen que “creaciones como “todes”, “todxs” o “tod@s” provienen de una “elite cultural” y de una “intención propagandística”, y que no pueden siquiera calificarse como correctas o incorrectas ya que no siguen “la morfología del español” y son “expresiones inventadas” (fuente: El País, nota citada).
La Asamblea General, entre cuyos cometidos se encuentra el de fomentar la ilustración, como dice el numeral 3º del artículo 85 de la Constitución, no puede ignorar el hecho de que esas palabras “inventadas” y “ajenas a la morfología del español” ya se usan en dependencias del Estado uruguayo y, lo que es más grave, son admitidas como válidas en algunos centros de enseñanza.
El lenguaje no es una roca sólida e inmutable sino una creación social que evoluciona espontánea y permanentemente. En cada momento histórico, sin embargo, hay reglas de uso que son consideradas válidas por la generalidad de los usuarios, así como expresiones consideradas inaceptables, “malas palabras”, etc. Ni el legislador ni nadie pueden impedir que el lenguaje cambie, adaptándose a los cambios de la sociedad que lo crea y recrea sin cesar. Pero sí es responsabilidad de las autoridades de un Estado democrático que el lenguaje de éste sea el de la generalidad de los ciudadanos, de manera que resulte inmediatamente comprensible por todos; y también lo es que la enseñanza del lenguaje a los niños y jóvenes se cumpla de manera que los ponga en plena posesión de la lengua que usa la sociedad en la que viven, y no los encierre en el dialecto de una elite cultural, un grupo de partidarios de una ideología cualquiera o un sector social determinado.
Fuera del Estado y de las aulas, cada uno es dueño de hablar o escribir como le plazca. Pero los funcionarios públicos deben expresarse, en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las reglas del idioma; y el idioma, de acuerdo con sus reglas y no según le venga en gana a cada uno, es lo que deben enseñar los docentes a los niños y jóvenes para respetar el derecho de estos a la educación.
A las ideas precedentemente expuestas responde el adjunto proyecto de ley.
El artículo primero establece el deber de emplear el idioma español, según las reglas generalmente aceptadas por la comunidad hispanohablante, en todas las dependencias del Estado uruguayo.
El artículo segundo dispone que, en caso de duda sobre las reglas de referencia, se consulte a la Academia Nacional de Letras.
El artículo tercero establece el deber de enseñar el idioma español según esas mismas reglas en todos los establecimientos educativos de la Anep o habilitados por esta.
El artículo cuarto aclara que la libertad de cátedra establecida por el art. 11 de la Ley de Educación del año 2008, no exonera del deber de cumplir con lo dispuesto por esta ley.
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