El pasado jueves 12 de julio, Búsqueda publicó una nota con el siguiente título: “El gobierno quiso canjear la restitución de un despido en una estación de servicio por dejar sin efecto una inspección”.
La estación de servicio, ubicada en Santa Clara de Olimar (Treinta y Tres) era “La Cataluña”. El dueño despidió a un empleado, el sindicato del sector (la UNTMRA) organizó una protesta en el lugar, los vecinos se pusieron del lado del empleador y se produjo un incidente que llegó a la prensa nacional. Mientras el sindicato acudía a la Justicia para pedir la restitución del empleado despedido, el Ministerio de Trabajo mediaba para solucionar el conflicto. Fue en el marco de esa mediación que, según Búsqueda, el director de Trabajo, Jorge Mesa, propuso que el empleador retomara al trabajador, ofreciendo a cambio de ello que no se realizara una inspección que ya se había dispuesto hacer en la estación. Pero el empleador rechazó la propuesta, y la inspección se hizo (sin resultados significativos).
Ante la publicación de la nota de Búsqueda, pedí informes al Ministerio de Trabajo, para saber si era cierto lo que allí se decía y, de ser así, qué medidas había tomado el ministro respecto de lo que habría sido un evidente exceso del director de Trabajo. La respuesta del Ministerio me llegó a fines de agosto, en un tono descomedido e impertinente que no es frecuente, felizmente, en los intercambios entre los legisladores y el Poder Ejecutivo. La respuesta reprocha a Búsqueda el haber consultado a una sola fuente para dar la noticia, así como el presentar la información de manera “sugestiva” y “manipuladora” (esto, porque al decir que el empleador no retomó al trabajador despedido y que la inspección se hizo, se estaría insinuando que una cosa fue consecuencia de la otra…). Sobre la cuestión de fondo, lo que se dice es que “desde luego que ese tipo de arreglos no hacen (sic) parte del proceder de este ministerio”, se invoca el sentido de la ética del director de Trabajo y de sus funcionarios y se vuelve a hacer caudal de que Búsqueda consultó a una “fuente solitaria”.
Pero aquí se incurría en un claro error. La nota de Búsqueda decía que la información que presentaba estaba confirmada por declaraciones de testigos, prestadas en audiencia ante el Juzgado Letrado de Treinta y Tres. Obtuve el acta de la audiencia y, efectivamente, de ella surge que hay dos testigos que, directamente uno e indirectamente la otra, se refieren a la propuesta de restitución por inspección. Me comuniqué además con una abogada que estuvo presente en la reunión tripartita realizada en el Ministerio de Trabajo, y también ella confirmó que, “sutilmente”, se había hecho el planteo en cuestión.
Con estos elementos fui a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y pedí que se citara a declarar a las dos personas que declararon como testigos ante la Justicia y a la abogada a la que me acabo de referir, así como al ministro de Trabajo y al director de Trabajo. La Comisión, donde tiene mayoría el Frente Amplio, no accedió a convocar a los testigos propuestos, pero autorizó que, cuando los jerarcas del Ministerio de Trabajo comparecieran ante ella por otros temas, les planteara yo este asunto.
El ministro Murro fue a la Comisión esta mañana, acompañado por algunos asesores pero no por el director de Trabajo. Cuando llegó el momento, expuse ante él lo que acabo de resumir en los párrafos precedentes y le pedí las correspondientes explicaciones. La respuesta del ministro fue que no había concurrido a la Comisión para referirse a actas de audiencias judiciales; y punto final, no dijo nada más.
Evidentemente, el ministro Murro está ensoberbecido. Al amparo de la mayoría parlamentaria que lo respalda, actúa como si no le debiera explicaciones a la oposición ni al país por lo que hacen él y los funcionarios por los que él es responsable. Cree que pueden hacer lo que se les antoje, ya sea apretar a los empresarios, contestarle mal a los legisladores, decirle a la prensa cómo debe hacer su trabajo o postularse a cargos electivos en flagrante violación de la Constitución.
No podemos impedir los desmanes de la mayoría, pero seguiremos señalándolos ante la ciudadanía; ya no falta tanto para que ella pueda pronunciarse al respecto.