21 septiembre, 2019

La jornada de ayer en la cámara

Ayer, jueves 20 de diciembre, la Cámara de Representantes no levantó el receso para tratar el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que el Frente Amplio estaba empeñado en sancionar antes de fin de año.
Para levantar el receso se necesitan 50 votos, y al Frente le faltó, como se sabe, el voto del diputado Darío Pérez, quien volvió a rebelarse contra su bancada.
El Frente se enojó con el diputado rebelde -le imputaron “traición”- pero también con la oposición, a la que le reprochó airadamente el no haber dado sus votos para habilitar el tratamiento del asunto. Este enojo con los adversarios políticos, francamente, no se entiende.
Antes de entrar a Sala el Frente sabía que ninguno de los partidos de oposición acompañaría con sus votos el proyecto a tratarse. Así lo anunciaban los informes en minoría provenientes de la Comisión respectiva. No hubo sorpresas, pues.
Las razones por las cuales los partidos de oposición votarían en contra del proyecto también eran conocidas de antemano. Se plantearon objeciones serias a la iniciativa y se formularon propuestas para modificarla, pero ni las objeciones ni las propuestas fueron atendidas. El oficialismo anunció que el proyecto se votaría tal y como había sido aprobado en el Senado, sin cambiar un punto, ni una coma. Ante esta actitud intransigente, se le dijo claramente a la bancada de gobierno que la oposición votaría en contra de lo que consideraba un mal proyecto. Pero no se inmutaron; creyeron que tenían los 50 votos y que con ellos podrían pasarle por encima a la oposición, como tantas veces lo han hecho desde el 2005.
La rebeldía de Darío Pérez descolocó al oficialismo y lo obligó a entrar en negociaciones de última hora por el voto 50. Creyeron haber llegado a un acuerdo. Nos dijeron que las modificaciones acordadas con Pérez serían introducidas en Sala, es decir, sin darnos tiempo para estudiarlas ni para proponer alguna variante. Iban a repetir pues el procedimiento tantas veces empleado: el Frente discute internamente, acuerda y vota, y manda cordialmente a la oposición a llorar al cuartito.
Con estos antecedentes, no era razonable esperar que les prestáramos el voto que les faltaba. Se recoge lo que se siembra.
Así como está, el proyecto es malo. Distribuye el 50% de los espacios gratuitos en los medios de comunicación en función de los resultados de la elección anterior, lo que implica una violación del principio de igualdad que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia al tratar la impugnación de uno de los artículos de la Ley de Medios, promovida por el Partido Independiente. Es como si el Campeonato Uruguayo del 2019 empezara con los puntajes del 2018. Una clara injusticia, a favor del Frente Amplio.
Se asignan esos espacios en los medios a los partidos políticos, pero no se dice cómo se distribuirán en su interior, con lo cual los sectores minoritarios quedan a merced de los mayoritarios. Otra injusticia.
Se establecen reglas para la recaudación de fondos para las campañas, pero las sanciones por la violación de esas reglas se imponen a los partidos políticos y no a sus sectores o sublemas, que son los que en realidad recaudan. O sea: un partido puede ser colectivamente sancionado por la inconducta de uno de sus sectores, aunque sea una pequeña minoría.
Se comete el control de la aplicación de las disposiciones de la ley a la Corte Electoral, que dijo claramente que carece de los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir la tarea. Desde hace años, la asignación presupuestal de la Corte Electoral no aumenta; la oposición lo ha venido señalando, sin éxito. Actualmente, la Corte tiene tres contadores para atender su propio funcionamiento. Es imposible que esas mismas personas puedan encargarse, además, de controlar eficazmente las finanzas de todos los partidos políticos, sectores y candidatos. En estas condiciones, las disposiciones de la ley serían letra muerta, tal como lo son las disposiciones de la Ley Integral contra la Violencia de Género que no se pueden poner en funcionamiento porque el Poder Judicial no tiene los cargos ni los fondos necesarios para hacerlo. Se legisla para la tribuna, a sabiendas de que las leyes que se votan son inaplicables.
No sabemos cómo se encauzará la interna frenteamplista; quizás, a través de un pedido de licencia de Darío Pérez, consigan el voto 50. Si es así, funcionará una vez más la aplanadora, sin duda. Pero si no es así, es posible que la necesidad obligue al Frente a negociar en serio con la oposición y que así se logre acordar un proyecto de ley razonable y aplicable, que podamos votar.
Nosotros estamos tan interesados como el que más en que el financiamiento de los partidos políticos sea transparente y quede sujeto al control de los órganos del Estado. Pero eso no significa que estemos dispuestos a aceptar mansamente las imposiciones injustas de la mayoría oficialista.
La mejor tradición política uruguaya es muy clara en el sentido de que la legislación electoral eficaz y duradera es aquella que se apoya sobre amplios acuerdos políticos. Quienes pretenden apartarse de esos caminos, imponiéndoles unilateralmente su voluntad a los demás, se exponen a que les pase lo que le pasó ayer al Frente Amplio. Por no buscar acuerdos amplios, quedó a merced de un solo voto.
Que no se enojen con los demás, entonces.
La culpa es de ellos.

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