21 septiembre, 2019

Venezuela entre la libertad y el despotismo

En una nota publicada el pasado fin de semana en El Observador, Oscar Bottinelli decía que la discusión actual en Uruguay sobre Venezuela se da en forma confusa, ya que cada cual expone argumentos que corresponden a ángulos diferentes, con lo que en lugar de un diálogo se da una contraposición de monólogos sobre temas distintos.
Tiene razón Bottinelli. Para no caer en el error que él señala, me referiré a lo que está ocurriendo en Venezuela tratando de distinguir diversos aspectos de la cuestión.
Ante todo, afirmo que el meollo del asunto está en la lucha planteada entre la dictadura que preside Nicolás Maduro, y la resistencia democrática que hoy encabeza Juan Guaidó. Esa es la gran encrucijada venezolana: recuperar la democracia o seguir padeciendo, quién sabe por cuánto tiempo más, una dictadura cruel, corrupta e inepta. Ante esa disyuntiva, los uruguayos no podemos ser “neutrales” sin negar nuestra propia identidad. Desde el punto de vista ético-político no puede haber dudas. Ya dijo Artigas que la cuestión es entre la libertad y el despotismo. Seguramente, la gran mayoría del pueblo uruguayo toma partido por la libertad, por las instituciones democráticas y por el respeto a los derechos humanos.
Otra discusión -y acá empiezan las confusiones- es la que atañe a si debe reconocerse a Maduro o a Guaidó como presidente de Venezuela. Y aquí todavía hay que introducir otro matiz: si debe reconocerse a uno o a otro como presidente legítimo de Venezuela.
Como bien lo explica Bottinelli en la nota de prensa antes mencionada, hay distintos criterios o doctrinas en materia de reconocimiento de gobiernos. Un criterio llamado objetivo atiende exclusivamente a cuestiones de hecho, con independencia de toda valoración política o ideológica: es gobierno de un estado el que ejerce efectivamente la autoridad sobre la mayor parte de su territorio y de su población, siempre y cuando reconozca, además, las obligaciones internacionales de ese estado. Según este criterio, el presidente de Venezuela es Maduro, independientemente de que haya accedido al cargo mediante un proceso electoral tramposo y viciado de nulidad; presidente ilegítimo, pero presidente al fin.
Según el criterio que Bottinelli llama subjetivo, lo que importa es que el gobierno de cuyo reconocimiento se trata sea un gobierno legítimo. En el caso venezolano -puede pensarse en otros casos, en otros marcos culturales e históricos-, la legitimidad resultaría del ajuste a las disposiciones constitucionales pertinentes. Según este criterio, y de acuerdo con el discurso jurídico-político de la Asamblea Nacional, Maduro está usurpando el poder y el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó, aunque no ejerza efectivamente la autoridad.
Lo que me parece importante destacar es que la discusión acerca de a quién debe reconocerse como presidente de Venezuela y qué criterio ha de emplearse a ese efecto, no desplaza ni sustituye ni le quita centralidad a la otra cuestión inicialmente señalada, es decir, a la confrontación entre un régimen dictatorial y la oposición democrática a ese régimen. Aún quienes entiendan que el criterio a seguir en materia de reconocimiento de gobiernos es el objetivo y que, por lo tanto, el presidente de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro, deben admitir lo evidente, es decir, que el régimen que él preside no es democrático. Para los demócratas, esa evidencia es suficiente para condenar al régimen y reclamar la realización de elecciones libres y limpias en Venezuela; y esto, con independencia de que se reconozca o no a Guaidó como presidente legítimo, aunque sin poder real.
Todavía otro aspecto del asunto es el internacional. Hay quienes defienden a Maduro por oposición a lo que llaman la injerencia indebida o el intervencionismo de los estados extranjeros y organismos internacionales que lo califican de dictador o que incluso reconocen como presidente legítimo a Guaidó. Este enfoque les resulta particularmente atractivo a los sectores dominantes en el Frente Amplio, ya que les permite apartar la vista de la demolición del Estado de Derecho y los Derechos Humanos que se ha producido en Venezuela, para retomar el clásico discurso antimperialista contra Estados Unidos y sus “cipayos”. En lugar de hablar del SEBIN, de los presos políticos torturados en El Helicoide, de los muertos en las calles por la represión, de los dirigentes políticos proscriptos o presos, de la crisis humanitaria por falta de alimentos y medicinas y los millones de exiliados venezolanos dispersos por el mundo, el gran tema es Trump…
A este respecto cabe decir ante todo que el principio de no intervención ya no puede entenderse hoy como se entendía cuando fue consagrado en las Conferencias Interamericanas de Montevideo (1933) y Buenos Aires (1936). Las dictaduras que proliferaron en América Latina en el marco de la Guerra Fría y las atrocidades por ellas perpetradas, alumbraron la conciencia de que la defensa de los Derechos Humanos está por encima del principio de no intervención. Frutos de esa convicción son el Pacto de San José de Costa Rica y la Comisión y la Corte Interamericanas de DD.HH. por él creados, que pueden pronunciarse acerca de las violaciones de los derechos humanos perpetrados por un Estado, aunque sea en su propio territorio, en perjuicio de sus propios nacionales y al amparo de su derecho interno. En el año 2001 se aprobó la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que hace de la defensa de las instituciones democráticas un asunto común de los miembros de la organización. Se sancionaron las llamadas “cláusulas democráticas”, tanto del Mercosur (el Protocolo de Ushuaia) como de la Unasur, que prevén sanciones para los Estados miembros en los que se produzca una ruptura de la institucionalidad democrática. En aplicación de la cláusula democrática del Mercosur, precisamente, ese organismo suspendió a Venezuela en el año 2017, contando para ello con el voto de Uruguay.
Salvo la intervención militar, que nadie admite, las sanciones comerciales, financieras y diplomáticas contra los Estados en los que se quiebra la institucionalidad democrática y se violan los derechos fundamentales son pues reconocidas desde hace tiempo por la comunidad internacional como medios que pueden emplearse contra esos atropellos. Sería inconcebible que en esta época en la que con un teléfono se puede filmar y trasmitir al mundo, en tiempo real, la brutal represión de una manifestación pacífica o hasta el homicidio de un manifestante desarmado por un guardia que le dispara desde atrás de una reja, la respuesta fuera callarse la boca y cruzarse de brazos en nombre del principio de no intervención. En la “aldea global” en la que vivimos, ese principio no puede interpretarse así. Si Maduro, Cabello, Padrino y los generales que los apoyan y lucran con ellos, siguen sometiendo y haciendo sufrir al pueblo venezolano, no deben esperar que los países democráticos de Occidente traten a Venezuela como si allí no pasara nada, en nombre del principio de no intervención.
Las elucubraciones geopolíticas a propósito de las grandes reservas de petróleo venezolano y la disputa entre los Estados Unidos, China y Rusia, tampoco deberían distraernos del fondo del asunto, que son las personas, su dignidad, sus derechos y el marco institucional que los asegura, y no el dinero, ni el petróleo. Los Estados Unidos están contra Maduro y Cuba lo apoya, pero tampoco se trata de tomar partido entre Estados Unidos y Cuba, sino de hacerlo entre una dictadura cruel, corrupta e inepta, y una oposición que reclama elecciones libres, democracia y alivio al sufrimiento de un pueblo agobiado por penurias de todo tipo. Ocurre sin embargo, y lo estamos viendo, que para algunos es más importante estar contra Estados Unidos que a favor de la democracia. Creo no equivocarme al afirmar que para la mayoría de los uruguayos es al revés: preferimos una democracia respaldada por Estados Unidos, a una dictadura hostil a los Estados Unidos.
Y hemos vuelto al principio: “la cuestión es entre la libertad y el despotismo”, y entre ambos Uruguay no puede ser neutral.
Ope Pasquet
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