La Fiscalía del estado brasileño de San Pablo pidió la prisión preventiva del expresidente Lula Da Silva. Lula viene siendo investigado desde hace tiempo por sospechas de ocultamiento de bienes, lavado de dinero y falsificación de documentos. Se le imputa ser el verdadero propietario de un lujoso apartamento en Guarujá (balneario paulista) y una casa de campo en Atibaia (pequeño municipio del estado antes nombrado).
Según la Fiscalía, Lula habría recibido esos bienes de la empresa OAS (la misma que hasta hace poco actuó en Uruguay y que está implicada en el escándalo de los negocios turbios de Petrobrás), a cambio de los «favores» que el expresidente habría hecho a la empresa. Lula niega haber recibido coima alguna -de eso se trata, obviamente-, y dice que se le persigue por motivos políticos y con el fin de impedirle que vuelva a ser presidente de Brasil. Su partido, el PT, lo respalda y se hace eco de sus dichos, y la presidente Dilma Rousseff le ofreció un cargo en su gabinete para que los fueros que así obtendría lo pongan a salvo de la prisión preventiva. Lula rechazó la oferta de Rousseff y la Justicia tendrá que expedirse sobre el pedido de la Fiscalía, que alega que la prisión preventiva del carismático líder petista es indispensable para evitar que obstaculice las investigaciones y aun que promueva una eventual resistencia violenta contra ellas.
Empezando el comentario por el final de la crónica: confieso que no entiendo el pedido de prisión preventiva de Lula, como tampoco entendí que se le condujera por la fuerza pública a prestar declaración, hace unos días, en vez de citarlo para que concurriera a hacerlo libremente y por sus propios medios. Me parece absurda la idea de que un líder político como Lula pueda querer fugarse u ocultarse de la Justicia. Si quiso entorpecer o dificultar la investigación, ya dispuso durante años de toda la maquinaria de su partido en el poder para hacerlo. Y si lo que se propone es organizar alguna forma de resistencia popular contra su procesamiento, colaboradores han de sobrarle para ejecutar la tarea, obviamente facilitada por el hecho mismo de la prisión; cuesta imaginar un aliciente más poderoso para la movilización del PT, que la imagen de su líder protestando su inocencia tras las rejas.
Así como fue un error de la Fiscalía -a mi juicio- pedir la prisión preventiva del expresidente, fue un disparate lo que hizo Dilma, si es cierto que le ofreció un cargo en su gabinete para ponerlo a cubierto de la acción judicial. Eso sería desviación de poder con el fin de obstruir a la Justicia. Si acaso algo faltaba para el «impeachment» de la presidente, con eso solo alcanza y sobra. El mero ofrecimiento es una clara señal de que la adversidad ha nublado el juicio de Rousseff; no el de Lula, que rechazó lo que habría sido una tácita pero elocuente admisión de culpabilidad y una señal de debilidad frente al peligro.
Acerca de la cuestión de fondo, es decir, acerca de si Lula cometió o no los delitos que le imputa la Fiscalía paulista, lo único que cabe es estar a lo que resulte de las pruebas que se aporten al proceso. Si se demuestra que el expresidente efectivamente cometió algún delito, la Justicia tendrá que sancionarlo con arreglo a la ley; y si sale absuelto, habrá quedado tendida la alfombra roja para que regrese en triunfo al Palacio de Planalto.
No se puede admitir que, frente a una acusación por delitos comunes, la defensa sea un discurso político. Eso fue lo que quiso hacer Nixon cuando el cerco se cerró en torno a él por el caso Watergate, pero al final tuvo que irse. Lula parece adoptar la misma actitud: amenaza con volver a ser candidato, con salir a recorrer las calles, con hacer política, en suma, cuando lo que tiene que hacer es defenderse -para lo cual no han de faltarle medios- en el marco de un proceso penal. El expresidente tiene derecho a exigir un juicio justo en el que cuente con todas las garantías, como seguramente habrá de tenerlo cuando Brasil, América y el mundo están mirando. Pero no puede pretender que su historia, ni su prestigio continental, ni su arraigo popular, ni su eventual candidatura en una futura elección presidencial, lo pongan por encima de la ley penal que rige para los demás brasileños.
Invocar a la política y denunciar conspiraciones de «la derecha» o «la oligarquía» cuando de lo que se trata es de si el líder del PT recibió o no una tajada del saqueo de Petrobrás, solo servirá para desprestigiar a la política y a quienes la practican. Los ciudadanos tienen derecho a exigir otra cosa: información clara y veraz, argumentos racionales y respeto por la inteligencia de las personas comunes, que en definitiva son las protagonistas de la democracia.
«Todos iguales ante la ley» no es siempre una descripción fidedigna de la realidad, pero nunca puede dejar de ser un ideal. Que lo nieguen quienes pretenden ser los dueños de la honestidad, al tratar de exonerar de responsabilidad a sus líderes por razones políticas, constituye un alarde de cinismo.
Columna publicada en Montevideo Portal.