El pasado miércoles, los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Perú emitieron una declaración conjunta en la que expresan su “preocupación” por la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela del día 21 de setiembre, que reglamentó de tal manera el proceso de recolección y verificación de firmas en pro del referéndum revocatorio del mandato del presidente Maduro, que traslada la eventual consulta popular al 2017. De esa manera, dicen los cancilleres, se afecta “el sentido de la consulta”.
De eso se trata; ni más, ni menos. De acuerdo con la Constitución venezolana, si la ciudadanía decidiera revocar este año el mandato presidencial deberían celebrarse elecciones para elegir al nuevo presidente. En cambio, si la revocación se produjera después del 10 de enero del año próximo, quien sustituiría a Maduro sería su vicepresidente, que es designado directamente por el presidente. Actualmente el vicepresidente es Aristóbulo Istúriz, un chavista de pura cepa que garantizaría la continuidad del régimen. De esta manera se frustraría el enorme esfuerzo que está haciendo la oposición venezolana para encauzar por vías constitucionales, electorales y pacíficas el descontento popular con un gobierno autoritario y corrupto que no puede con la inflación, ni con el desabastecimiento, ni con la delincuencia que se ha enseñoreado del país. Se quiere llegar al referéndum para cambiar el gobierno, no solo la persona del presidente. Tienen toda la razón, pues, los cancilleres americanos que dicen que trasladar la votación al año próximo afectaría su sentido.
El Consejo Nacional Electoral venezolano determinó que la recolección de firmas se haga los días 26, 27 y 28 de octubre. Para ello se instalarán 5.392 máquinas verificadoras de la identidad de los firmantes en 1.356 centros de votación (la oposición pedía 19.500 máquinas en 6.500 centros). La autoridad electoral dispondrá de un plazo de 30 días para la verificación de las firmas y, si estas llegaran al porcentaje requerido (20% del padrón, en cada uno de los estados venezolanos y no solo en el total nacional, lo que también fue cuestionado por la oposición), deberá establecer la fecha del referéndum dentro de los noventa días siguientes a dicha verificación. El propio Consejo estimó ya que la fecha probable del eventual referéndum se ubicaría a mediados del primer trimestre del 2017, es decir, después del fatídico 10 de enero a partir del cual la revocación del mandato del presidente solo determinaría su sustitución por el vicepresidente.
Uruguay no quiso firmar la declaración a la que nos referimos. Para explicar su negativa, el canciller Nin dijo a El País que “lo importante es que el revocatorio se va a hacer” y recordó que Uruguay fue el primero en plantear que la votación podía ser “una válvula de escape”. Pero “no podemos todos los meses hacer una declaración sobre Venezuela, metiéndonos en las cosas de Venezuela”, agregó el ministro.
Nos parece francamente lamentable la posición uruguaya. Una vez más quedamos del lado de Maduro, cuya figura es probablemente la más desprestigiada del hemisferio occidental (el nicaragüense Ortega también da vergüenza, pero es menos conocido). Lo hacemos, además, separándonos de los países de mayor peso en América Latina, Brasil y México, así como de la ahora amistosa y siempre importante Argentina y del Chile progresista que preside Michelle Bachelet.
Pero más allá de nombres y prestigios, lo grave es que quedamos del lado de un régimen autoritario, que sabe que el pueblo no lo quiere (como se lo hizo saber en las elecciones legislativas del pasado diciembre, cuando le dio un abrumador triunfo a la oposición) y que por eso mismo está haciendo todo lo posible para evitar que vote, o para diluir en la irrelevancia los efectos de su voto.
Lo peor no es que Uruguay no haya firmado la declaración, sino que el canciller Nin haya dicho que “lo importante es que el revocatorio se va a hacer”. De esta manera se está plegando a la posición del gobierno venezolano, que pretende que la oposición se resigne a que la votación se realice, en el mejor de los casos, cuando ya no sea posible celebrar nuevas elecciones para elegir al sustituto de Maduro. En el mismo momento en el que dice que no quiere intervenir en los asuntos internos de Venezuela el canciller lo hace, pues, y de la peor manera, es decir, respaldando a Maduro y poniéndose objetivamente en contra de una oposición que busca que la gente vote no para desahogarse, simplemente, sino para sacar al país de la crisis en la que lo ha hundido un gobierno autoritario, corrupto e incompetente.
Al influjo de la interna del Frente Amplio, la política exterior uruguaya se va deslizando hacia la complicidad con un régimen cuyo oprobio acabará salpicándonos.