En los últimos años, se reabrió una discusión que algunos pensábamos que ya había sido saldada con la Constitución de 1917: la laicidad del Estado y su significado. El debate tiene varias aristas, pero a mi entender se desdibuja enfocándose en cuestiones accesorias, y no en la principal: ¿qué significa, jurídicamente, la laicidad en Uruguay?
Vivimos en una época en la que la intolerancia religiosa, pese a estar en el siglo XXI, es una de nuestras más graves amenazas. Tenemos, por un lado, al Estado Islámico, que se escuda en supuestos postulados del Corán para legitimar los actos más crueles y barbáricos que la humanidad ha visto en mucho tiempo. Como contra-reacción, se ha despertado en occidente una ola intransigente y discriminadora, que identifica musulmán con terrorismo y no quiere saber de nada con todo aquel que practique el islam.
Frente a este panorama mundial, es lógico que se haya ido gestando, paulatinamente, un sentimiento pro-tolerancia, de apertura y aceptación. Hace milenios, literalmente, que sufrimos el flagelo de que los distintos credos nos dividan y nos enfrenten, y por lo tanto es entendible que haya quienes fomenten una actitud inclusiva, que busca la integración y la convivencia pacífica, en donde todos los creyentes puedan practicar su religión libremente, o no practicar ninguna religión los que no la tenemos.
En este contexto, el apogeo de la llamada laicidad positiva en el Uruguay tiene su sentido. Nuestro país no es ajeno al mundo y se contagia de lo que en él sucede. Y la verdad es que es un debate interesante, al que conviene, como siempre, estar abierto: ¿qué es mejor para la convivencia en sociedad? ¿La laicidad entendida como hasta ahora, donde hay (o debería haber) abstención por parte del Estado en lo religioso, o las nuevas interpretaciones de laicidad, donde el Estado permite que, a través de él, se expresen todas las religiones que así lo deseen? El diálogo es sano siempre, incluso aunque sea sobre asuntos que se vienen discutiendo desde hace siglos. Mientras no lleguemos a acuerdos, debemos seguir debatiendo los temas: eso hace a la democracia. Pero en el Uruguay, la discusión debe, necesariamente, pasar primero por otro lado: la Constitución. Lamentablemente, lo que en materia de laicidad dice nuestra Constitución, parece importarle a una minoría que recibe la tacha de atender asuntos que a nadie interesan, en el mejor de los casos; en el peor, de “laicista”, dogmática, intransigente y jacobina.
Se ve frecuentemente en la vida virtual y en la real, un cuestionamiento a la necesidad misma del debate sobre laicidad: “¿por qué hablamos sobre este tema? ¡Habiendo tantos otros temas más importantes!”. Resulta incomprensible la interrogante: si será de suma importancia este asunto. Desde hace miles de años, nos venimos atacando, persiguiendo y asesinando por diferencias atinentes a la religión y cómo ejercerla. Aquí y ahora, la humanidad se sigue matando por lo mismo. Por lo tanto, sería más que recomendable llegar a un par de consensos.
La otra visión que se suele asomar en esta discusión es la que, a mi entender, resulta más alarmante y hasta peligrosa. Está implícita, y quizá en algunos casos no sea consciente (lo cual no le resta ni un poco de gravedad), y es nada menos que la siguiente: ¿hasta qué punto hay que respetar la Constitución?
Eso es lo que, en el fondo, se está debatiendo en el Uruguay.
Cuando hablamos de laicidad, no puede eludirse citar el artículo 5 de nuestra Carta: “El Estado no sostendrá religión alguna”. Frente a eso, la respuesta en un Estado de Derecho no debería ser: “¿Pero en qué molesta poner una estatua de la virgen a los no católicos? ¡Si es solo una expresión de fe!”. No importa si molesta o no: lo que importa es si se puede. Tampoco puede ser: “¡Pero si tenemos a Iemanjá! ¡Y la cruz de Bulevar Artigas!” Sí, lamentablemente; pero un error del pasado no autoriza a cometer más en el futuro. Tampoco puede ser (y no ya en un Estado de Derecho, sino en cualquier lugar donde se debata con mediana seriedad): “¿¡Y del coreano no dicen nada?!”…y…no. El coreano no es un símbolo religioso. El coreano podrá ser parte de una discusión sobre estética, pero no de una sobre laicidad.
El artículo 5 admite, sin embargo, más de una interpretación: ¿qué entendemos por “sostener”? ¿Implica solamente que no hay religión oficial en el Uruguay, o tiene un alcance mayor, y significa que el Estado tampoco colaborará económicamente, de ninguna forma, con ninguna religión? Esta es, sin duda, una discusión interesante que en la doctrina constitucionalista se da desde hace muchos años, y en ella se encuentra el meollo del asunto.
Pero lo que se escucha todos los días no es un intercambio de posturas jurídicas acerca de la amplitud del artículo, que es de lo que verdaderamente deberíamos hablar, sino argumentaciones que ignoran por completo la Constitución y parecen hasta considerar irrelevante lo que esta prohíba o permita. Es casi como si estuviera en un mismo plano la postura de un individuo o de varios, que la que prescribe el Derecho. Nadie habla sobre qué dice, verdaderamente, la Constitución; ni siquiera se asoma la pregunta de si sería conveniente o no cambiarla. Se discute a pesar de ella, como si el solo hecho de que si, hipotéticamente, todos nos pusiéramos de acuerdo en que lo mejor es permitir en el espacio público la expresión de todo cuanto símbolo religioso aparezca, entonces con eso basta. Y no, no basta: en el Uruguay y en toda República, los acuerdos obligan cuando se consagran normativamente. Lo demás son opiniones.
No sorprende, sin embargo, la indiferencia colectiva hacia el Derecho y su vigencia. Desde hace ya algún tiempo que pregonar el acatamiento al orden jurídico se mira casi como una forma de burocracia o de ritualismo. El respeto por postulados republicanos básicos, como este, se encuentra notoriamente debilitado. Y es por ello que este debate se ha vuelto peligroso: porque ignora y hasta desdeña al Derecho.
Hay discusiones que no pueden agotarse en lo que “no molesta a nadie”, lo que “sería mejor para todos”. Hay discusiones que no pueden pasar, solamente, por lo ideológico, lo filosófico, o lo subjetivo. Ciertos debates, necesariamente, tienen que encararse desde lo jurídico. Este es claramente uno de ellos, porque tenemos una disposición constitucional al respecto, que debe interpretarse y después acatarse. Si no entendemos eso, sería más conveniente terminar con toda esta farsa y declarar que la Constitución es un adorno, permitir que cada uno maneje su vida según su leal saber y entender, y que sea lo que dios, Iemanjá, o el Coreano quieran.