En el Partido Colorado hay quienes piensan que la distancia política e ideológica que nos separa a los colorados del Frente Amplio, por un lado, y del Partido Nacional, por otro, es la misma. Tras sentar esta premisa, afirman que nuestro partido no debe celebrar acuerdos electorales ni preelectorales de ningún tipo, ni con los blancos ni con los frenteamplistas, ni para las elecciones nacionales ni para las departamentales. Si en las elecciones presidenciales del 2019 hubiera una segunda vuelta y la fórmula colorada no estuviera disputándola, esta línea de razonamiento lleva a sostener que el Partido Colorado -en “espléndido aislamiento”, como la Inglaterra de antaño- no debería apoyar a ninguno de los candidatos en pugna.
Pues bien: no estoy de acuerdo con esta tesis de la equidistancia, ni con las conclusiones que se pretende extraer de ella.
Partamos de la realidad: desde el año 2005, en el Uruguay gobierna el Frente Amplio, con mayoría parlamentaria propia y el apoyo del Pit-Cnt. En el curso de estos trece años largos, los gobiernos frenteamplistas han aplicado sus políticas y el Partido Colorado se ha opuesto a ellas. Discrepamos, notoriamente, con la política de seguridad pública, cuya ineficacia es evidente para todos, salvo para el gobierno; discrepamos con la política educativa, que se conforma con hacer la plancha para no irritar a los sindicatos de la enseñanza; discrepamos con el afán de socavar la reforma de la seguridad social de 1995, aumentando de manera irresponsable el déficit del BPS; discrepamos con la política de permanente crecimiento del gasto público por encima del crecimiento de la economía, con el consiguiente aumento de los impuestos, de las tarifas y del endeudamiento; discrepamos con la incorporación de 70.000 nuevos funcionarios públicos, la proliferación de cargos políticos y de confianza y la reducción a la insignificancia de la carrera administrativa; discrepamos con el IRPF y con el IASS, así como con la bancarización obligatoria; discrepamos con la ocupación de los lugares de trabajo como pretendida “extensión” del derecho de huelga; discrepamos con el alineamiento de nuestra política internacional a la del “progresismo” representado por Chávez y por Maduro, por los Kirchner y por Lula y Dilma, durante el gobierno de Mujica; discrepamos con el hecho de que se ignoren dos pronunciamientos directos del pueblo, en 1989 y en 2009, para hacer como si la Ley de Caducidad no existiera, mientras se les rinde homenaje a quienes atentaron violentamente contra las instituciones democráticas, antes de 1973.
El precedente listado de discrepancias no pretende ser completo, ni mucho menos (faltan ANCAP, ASSE, la regasificadora, etc.), pero como muestra alcanza: no son “prejuicios” de especie alguna, sino juicios formados a partir de la realidad, los que demuestran que el Partido Colorado ha tenido y tiene profundas discrepancias con los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, así como el Frente Amplio las tuvo con anteriores gobiernos del Partido Colorado.
Por debajo de las diferencias concretas en tales o cuales materias particulares, subyace una profunda diferencia ideológica: los grupos que marcan el rumbo en el Frente Amplio son básicamente marxistas, y el Partido Colorado es esencialmente liberal.
Desde el punto de vista marxista, “la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”. La democracia representativa no es más que el marco formal en el que hoy, en el Uruguay, se desarrolla esa lucha; el valor del Estado de Derecho es relativo, porque “lo político está por encima de lo jurídico”; y la economía capitalista y todo lo que ella implica (propiedad privada, iniciativa privada, libre mercado, competencia, etc.) es una fase transitoria en el camino al socialismo.
Para los liberales, en cambio, la democracia representativa vale por sí misma, como garantía irremplazable de los derechos humanos y de la soberanía nacional (en el sentido de soberanía del conjunto de todos los ciudadanos, y no de algún grupo en particular), y el Estado de Derecho es el marco del que la política no debe evadirse. La economía capitalista tiene mil defectos, sin duda, pero ha demostrado en los hechos que produce progreso y bienestar allí donde el socialismo ha generado atraso y miseria. Las “vidas paralelas” de las dos Coreas, las dos Alemanias y la misma China, con Mao primero y con Deng y sus sucesores después, son ejemplos clarísimos de esto.
Las diferencias en la concepción y, sobre todo, en la valoración del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, han perdido relevancia práctica por el hecho de que el Frente Amplio conquistó no sólo la Presidencia de la República sino también la mayoría parlamentaria; desde que controla los resortes del poder, los usa y no los cuestiona. En cambio, cuando el Frente no controla algo, inmediatamente se producen “ruidos”: la ciudadanía no quiso anular la Ley de Caducidad en el plebiscito del 2009, y la mayoría parlamentaria del Frente “se pasó el plebiscito por las partes”, al decir de Fernández Huidobro, y votó una ley con ese propósito (que fue luego declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia). El Poder Judicial sigue siendo independiente, pero el gobierno frenteamplista ha sentado la tesis de que, cuando sus sentencias lo condenan, las cumple cuando quiere.
En materia económica hubo tiras y aflojes internos desde el primer gobierno del Frente y llegó a hablarse de un “gobierno en disputa” a este respecto durante la presidencia de Mujica; pero la abundancia de los años de bonanza permitió contemplar todas las aspiraciones y ponerles sordina a las diferencias ideológicas. Ahora, en un escenario más complejo y con dificultades varias, esas diferencias se expresan con más fuerza. Los sindicatos reclaman más gasto público y más impuestos y rechazan los tratados de libre comercio; hace algún tiempo, anunciaban la formación de “brigadas” para controlar los precios en los supermercados… Ellos, así como sectores de peso en el FA, creen que en plena globalización es posible hacer que la economía uruguaya funcione a golpes de voluntad política. Quieren que, Fondes mediante, haya más “velitas prendidas al socialismo”, como decía Mujica, aunque cada una sea un fracaso que le cuesta al país decenas de millones de dólares (Envidrio, Cerámica Olmos, AlasU…). Si pudieran, terminarían hoy con las AFAPs.
Es obvio que los batllistas y, en general, los colorados, no tenemos nada que ver con todo esto. Así lo hemos hecho constar en el Parlamento, una y mil veces. Pretender otra cosa es, simplemente, querer confundir a la ciudadanía.
Las diferencias que los colorados tenemos con el Partido Nacional son, actualmente, de otra naturaleza y magnitud. La matriz republicana y liberal es la misma. En el siglo XIX colorados y blancos se mataban en las cuchillas, pero unos y otros proclamaban su adhesión a la Constitución de 1830. Batlle y Ordóñez propuso, sí, una visión del “pequeño país modelo” que dividió profundamente a la sociedad de su época, pero siempre dentro del régimen democrático y de la economía capitalista. Más de un siglo después de su segunda presidencia, muchas de sus ideas han sido aceptadas por la generalidad de la sociedad uruguaya y otras -como la del Ejecutivo Colegiado, por ejemplo- fueron rechazadas por las mayorías de su propio partido, hace más de medio siglo.
A partir del restablecimiento democrático de 1985, los partidos históricos fueron capaces de acordar en temas de máxima importancia: la Ley de Caducidad de 1986, la reforma portuaria de 1992, la reforma de la seguridad social de 1995, la reforma constitucional de 1996, la ley de fortalecimiento del sistema bancario para salir de la crisis del 2002, etc. El Frente Amplio votó en contra en todos los casos.
En pleno siglo XXI, las diferencias que separan a blancos y colorados no son mayores que las que enfrentan a liberales y socialdemócratas en los países de Europa Occidental; pueden ser objeto de negociación y transacción y no impiden la ocasional formación de gobiernos de coalición.
Las distancias políticas e ideológicas que nos separan a los colorados de los nacionalistas, por un lado, y de los frenteamplistas, por otro, no son pues las mismas; la pretendida “equidistancia” no existe; si de aquéllos nos separan metros, de éstos nos separan cuadras. Así lo entiende y lo siente la amplísima mayoría de los votantes colorados, que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2009 y 2014 optó por el candidato nacionalista, así como los blancos votaron masivamente a Jorge Batlle en el balotaje de 1999.
De estos hechos hemos de partir para encarar, en una próxima nota, la cuestión de la estrategia del Partido Colorado en el ciclo electoral 2019-2020.