El Mercosur está en situación de crisis institucional.
Un Estado parte, Venezuela, pretende hallarse en ejercicio de la presidencia pro témpore (ppt) del bloque, por efecto de la rotación semestral por orden alfabético en dicho cargo que prevén los tratados de Asunción y Ouro Preto.
Otros tres Estados parte (Argentina, Brasil y Paraguay) lo niegan, porque nunca se celebró la reunión del Consejo del Mercosur que ellos consideran que es indispensable para que se produzca la transferencia de la ppt desde el Estado que la venía desempeñando (en el caso, Uruguay) a su sucesor.
El gobierno uruguayo entiende que la razón está del lado de Venezuela, según explicó el Canciller Nin Novoa ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, Uruguay asistirá a las reuniones del Mercosur a las que sea convocado por Venezuela en su carácter de titular de la ppt del bloque. Los otros tres Estados mencionados, en cambio, no lo harán, y están buscando soluciones alternativas -como una conducción colegiada, por ejemplo- para evitar la parálisis que de otro modo se produciría.
El problema va más allá de la ppt. En el Mercosur las decisiones se adoptan por consenso, no por mayoría. Basta pues el voto en contra de uno solo de los Estados Parte para que el consenso no exista y no pueda adoptarse, por consiguiente, decisión alguna. Eso quiere decir que mientras Venezuela siga siendo miembro pleno del Mercosur, negarle el ejercicio de la ppt no hace menos indispensable su aquiescencia para que los órganos del bloque puedan funcionar; solo la hace menos probable. Y a juzgar por los insultos que ha proferido el presidente Maduro contra Argentina, Brasil y Paraguay, esa probabilidad, si existe, es mínima.
A falta de acuerdo entre todas las partes, para sortear el escollo venezolano hay dos caminos. Puede entenderse que en Venezuela se ha producido la ruptura del orden democrático y que por ello, y de acuerdo con el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur, procede suspender el derecho de ese Estado a participar en los órganos del bloque (como se hizo con Paraguay en el año 2012); o puede entenderse que, al no haber dado cumplimiento Venezuela a la obligación oportunamente asumida de incorporar a su ordenamiento jurídico todas las normas del Mercosur al cabo de un plazo que expiró el pasado 12 de agosto, pierde la calidad de miembro pleno del bloque y pasa a ser un Estado asociado, cuyo consentimiento no es necesario para el normal funcionamiento de los órganos del Mercosur.
El gobierno uruguayo también se ha manifestado en contra de seguir cualquiera de esos dos cursos de acción. Aunque no oculta su preocupación por la situación que se vive en Venezuela, el gobierno uruguayo no considera que se haya producido allí una ruptura del orden democrático (y aquí es donde es más profunda la discrepancia entre el oficialismo y los partidos de oposición, que estiman que sí se ha producido esa ruptura). Por otro lado, el gobierno uruguayo señala que todos los Estados Parte del Mercosur han incumplido algunas de sus obligaciones para con los demás, lo que haría injusta la reacción contra Venezuela solamente, y que no hay norma que autorice a imponer sanción alguna por tales incumplimientos.
¿Qué hacer entonces, a criterio del gobierno uruguayo, para enfrentar la crisis? Continuar con los contactos entre las partes, en busca de entendimientos; seguir trabajando en la instrumentación y puesta en práctica de las decisiones ya adoptadas por el Mercosur; y esperar a que, a fin de año, Argentina suceda a Venezuela en la ppt.
Pero hasta el momento no se conocen hechos que justifiquen siquiera el más moderado optimismo respecto a las gestiones en pro del entendimiento entre los discrepantes; los problemas que el Mercosur tiene pendientes requieren decisiones políticas, no solo trabajo administrativo de ejecución; y la rotación en la ppt no resuelve la cuestión del consenso, que cabe suponer que será más difícil de obtener con una Venezuela desairada y enconada.
No parece que Argentina, Brasil y Paraguay vayan a resignarse a esperar, simplemente, que el tiempo pase. Ya señalamos que están buscando alternativas a la ppt venezolana. Si finalmente se ponen de acuerdo y plantean un camino de salida de la crisis, Uruguay puede llegar a quedar en una posición muy difícil: prestar su consentimiento podría implicar la rectificación de posiciones públicamente asumidas; negarlo lo haría responsable del agravamiento de la situación, perjudicaría sus relaciones con los vecinos y lo acercaría objetivamente al desprestigiado gobierno venezolano.
Es hora de que los miembros fundadores del Mercosur tomen las medidas que sean necesarias, en el marco del Derecho Internacional, para evitar el colapso final del bloque y el retroceso histórico que eso significaría. Desde el punto de vista del interés nacional no puede haber dudas, si hay que elegir entre las buenas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y la supervivencia del Mercosur. Pero la cuestión puede no ser tan clara si se la ve en perspectiva ideológica: para los sectores dominantes del Frente Amplio y sus amigos del PIT-CNT, las buenas relaciones con un gobierno «progresista», que cuenta además con la interesada bendición de Cuba, son más valiosas que las relaciones con tres gobiernos «de derecha».
¿Qué rumbo tomará el gobierno del Dr. Vázquez? ¿El que convenga al interés nacional, o el que reclame «la fuerza política?
Más allá de las declaraciones, habrá que esperar la respuesta de los hechos.
Columna publicada en Montevideo Portal.