El diputado emepepista Alejandro Sánchez propone, en nombre de su sector, revisar las exoneraciones fiscales que se otorgan para fomentar las inversiones. Dice Sánchez que el costo tributario de tales exoneraciones asciende al 6% del PBI, lo que hace necesario estudiar “seria y responsablemente” si realmente se justifican, o si es preciso introducir modificaciones a la normativa vigente en la materia.
Se podrá compartir o no la propuesta del diputado Sánchez, pero hay que reconocer que actúa con la prudencia debida en cuanto no propone eliminar las exoneraciones de un plumazo, sino estudiar cómo han funcionado, qué beneficios le trajeron al país y a qué costo, para recién después tomar decisiones al respecto. Es el método racional para encarar los problemas: primero se estudia, después se resuelve.
Ese método racional fue precisamente el que no siguió la Cámara de Representantes para aprobar el artículo 185 de la Rendición de Cuentas, que excluyó a las universidades privadas del elenco de posibles beneficiarios de las donaciones especiales reguladas por la ley 18.083. La propuesta fue introducida a último momento, y no hubo tiempo para recabar la información necesaria para analizarla con un mínimo de profesionalidad legislativa. Hubiese correspondido convocar al Ministerio de Economía y Finanzas, para saber si las universidades privadas cumplen o no con los programas para cuya ejecución se autorizan dichas donaciones. Luego, correspondía obviamente dar traslado de lo dicho por el MEF a las universidades privadas, a fin de que pudieran expresar su opinión.
Pero nada de eso, que parece tan elemental, se hizo. La diputada Macarena Gelman presentó la propuesta y el Frente Amplio la apoyó sobre tablas, sin que su propia bancada hubiese tenido oportunidad de discutirla, como lo reconoció el diputado Asti en la Cámara.
Por lo tanto, lo de la “seriedad y responsabilidad” que anuncia el diputado Sánchez no es, en el Frente Amplio, un criterio regular de actuación, sino apenas una aleatoriedad.
Así estamos.